La Fiscalía pide tres años y siete meses de prisión para el acusado de grabar desnudas a sus compañeras de trabajo

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz juzgará la próxima semana a un exempleado del centro para discapacitados Aprosuba con sede en Olivenza acusado instalar dos microcámaras en los servicios del centro para grabar desnudas a sus compañeras de trabajo, unos hechos para los que la Fiscalía de Badajoz pide tres años y siete meses de prisión.

En el escrito de acusación del Ministerio Público se indica que entre el 16 de diciembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2013 el acusado, que no tenía antecedentes penales, ocultó en los aseos destinados a los trabajadores del centro dos microcámaras de grabación con la finalidad de captar imágenes de sus compañeras desnudas o semidesnudas.

Una vez efectuadas las grabaciones, transfería las imágenes tanto a su ordenador portátil como al que tenía instalado en su puesto de trabajo, almacenándolas en archivos de imagen y vídeo que guardaba en carpetas con el nombre de las respectivas afectadas «con el fin de obtener una satisfacción sexual con su visionado y sin que conste la difusión a terceros de las imágenes». Con este procedimiento, el acusado grabó, al menos a 23 personas.

Ese mismo sistema lo utilizó también para grabar a mujeres en actos íntimos como «como cambiarse de ropa, ducharse o hacer sus necesidades». Para ello, colocó también cámaras de grabación ocultas en otros aseos y dependencias de su entorno familiar, donde grabó igualmente a otras personas.

A consecuencia de los hechos, diversas afectadas han presentado trastorno adaptativo ligado a episodios de ansiedad.

El informe del médico forense señala que el acusado presenta alteraciones psicopatológicas encuadradas en la categoría de los trastornos sexuales, más concretamente dentro del 'voyeurismo', lo que afectaría a sus capacidades volitivas en relación con los hechos cometidos, una patología que no le afecta a sus capacidades cognitivas.

Tras ser descubiertos los hechos, un auto dictado el 9 de abril de 2015 impuso al acusado una medida cautelar que le impedía acercarse y comunicarse con las denunciantes personadas en las actuaciones.

Con posterioridad, el inculpado ha hecho frente de forma voluntaria a la responsabilidad civil que solicita el Miniserio Fiscal y que asciende a 16.500 euros.

La acusación pública considera que los hechos descritos constituyen 22 delitos contra la intimidad para los que solicita una pena de tres años, siete meses y quince días de prisión, además del pago de una multa de 5.280 euros que deberá abonar en un plazo de 22 meses.

A la hora de solicitar esta pena el fiscal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de alteración psíquica.