Crisis en el Ayuntamiento de Badajoz: el alcalde cesa a Solana como concejal de Policía

La crisis desatada en el gobierno municipal a cuenta del incremento salarial de la Policía Local tiene ya la primera víctima.

El alcalde, Ignacio Gragera, respondió ayer a la retirada del apoyo del PP a la subida retributiva de los agentes cesando a la concejala María José Solana de todas sus responsabilidades. La de mayor entidad era la Policía Local, pero también tenía las delegaciones de Contratación y Compras, e Inspección de Aguas.

El Ayuntamiento confirmó a media tarde que el alcalde ya había firmado el decreto de cese, aunque María José Solana decía minutos antes a HOY que no había sido informada de ello.

Solana no tiene previsto entregar su acta de concejal y el alcalde no se la puede retirar porque es personal. Ella quedará, por tanto, como concejala sin atribuciones pero dentro del gobierno.

El PP se reunió en la tarde de ayer, después de enterarse por los medios de comunicación de la decisión de Gragera. Desde el partido indicaron que la destitución de Solana «es un error» porque el acuerdo que alcanzaron en 2019 obliga a pactar cualquier cambio con el partido al que afecta. «El cese no se podrá realizar hasta que nos sentemos y hablemos», aseveraron las mismas fuentes. Es decir, que ven en esta decisión del alcalde un incumplimiento del pacto de gobierno y este puede estar en peligro. Además, indicaron que si el alcalde quiere relevar a algún concejal debe dirigirse a su concejala de Recursos Humanos (Cs), Hitos Mogena.

Otras fuentes populares consultadas por HOY entendieron el cese como una provocación de Cs para que rompan el acuerdo de gobierno, de manera que Gragera agote el mandato con sus tres concejales apoyándose de forma puntual en uno u otro partido. El PP no se plantea una moción de censura porque no suma con el edil no adscrito y descarta cualquier trato con el PSOE.

El primer teniente de alcalde y futuro candidato del PP, Antonio Cavacasillas, se había entrevistado con Gragera a primera hora para informarle de que no apoyarían el aumento salarial de la Policía. De nuevo a media mañana, el alcalde le comentó que tenía el decreto de cese de Solana sobre la mesa. Pero Cavacasillas le conminó a reflexionar y volver a hablar hoy viernes. Sin embargo, el alcalde ya había tomado la decisión. En las últimas semanas se ha sabido que Solana firmó las horas extraordinarias al superintendente, Rubén Muñoz, que le han servido para reclamarlas en los juzgados y que estos le han rechazado.

El pacto de gobierno entre PP y Cs firmado en 2019 dividía las atribuciones entre los partidos con el compromiso de mantenerlas hasta las próximas elecciones. Esto implica que el PP debe seguir teniendo la competencia de Policía Local, aunque de momento no se sabe a quién se le asignará.

En el caso de que el alcalde delegue esta competencia en uno de los tres concejales de Cs o la asuma como propia, el PP puede entenderlo como una infracción del acuerdo de gobierno y retirarle el apoyo de sus nueve ediles.

En los próximos días se irán desgranando las consecuencias de la primera gran crisis en el equipo de gobierno y si esta irá más allá, llegando a romper la coalición, o si se calman las aguas.

El distanciamiento entre los socios procede del golpe de timón que dio ayer el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, al anunciar por la mañana que retiran su apoyo al aumento salarial de la Policía Local para negociar otro que incluya a todos los trabajadores. Esto es lo que han venido reclamando los trabajadores municipales en las últimas semanas y, tras demorarse, al final el PP cede y hace imposible que avance el aumento de la Policía.

Sin embargo, el propio Cavacasillas firmó el acuerdo con el sindicato de la Policía Local, Aspolobba, el 14 de junio junto a los ediles populares María José Solana (Policía Local) y Eladio Buzo (Hacienda), así como el alcalde de Cs, Ignacio Gragera, y la concejala de Recursos Humanos (también de Cs), Hitos Mogena. En cambio, el PP tiene ahora claro que deben votar en contra de este mismo pacto en el caso de que llegara a pleno.

En un comunicado, afirmó: «El PP de Badajoz capital anuncia que propone aplazar el acuerdo alcanzado con la Policía Local, e iniciar un nuevo proceso de negociaciones con todos los funcionarios, que sirva para alcanzar un acuerdo beneficioso para todos ellos sin distinción, que cubra las necesidades que todas las categorías laborales demandan, que contemple de forma conjunta una solución favorable para la mejora de la calidad del servicio público y potencie el desarrollo de las carreras profesionales y dignificación del empleado público». En el comunicado también se refirieron a la mala imagen que da el Ayuntamiento.

La presión de los funcionarios, la indignación que se extiende entre los pacenses por un aumento salarial con una subida de precios generalizada que empobrece a las familias y la cercanía de las elecciones hizo al PP replantearse el apoyo a la Policía Local y, por extensión, no temer una crisis con Ciudadanos.

El alcalde había dado los primeros pasos administrativos para el aumento salarial de la Policía con el objetivo de llevar el expediente al pleno este mes para empezar a pagar más a los agentes este verano. Sin embargo, Gragera requiere de los votos del PP y, de al menos, otro concejal para sacar el pacto adelante. Sin votos en el pleno no hay subida salarial y el acuerdo queda en papel mojado. Todos los partidos, salvo Cs, han anunciado su voto negativo.

El aumento consiste en 6.314 euros más a cada uno de los 225 agentes con una implantación progresiva hasta 2024, así como un aumento del plus de peligrosidad para los mandos. Supondrá dos millones de euros al año.

Ese acuerdo había puesto en pie de guerra al resto de funcionarios (unos 1.100), que reclamaban un aumento proporcional que alcanza los ocho millones de euros. Ayer volvieron a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento con pitos, silbatos, cacerolas y lemas como «Igualdad» y «Equiparación».

Además, el miércoles comenzaron los «paros», que consisten en que algunos trabajadores municipales se niegan a cumplir funciones que no consten en la catalogación de su puesto de trabajo y por las que no cobran.

Los trabajadores tomaron esta medida después de confesarse «desilusionados» tras una reunión con el alcalde en la que esperaban que les presentara una propuesta el miércoles. En esa reunión, a la que asistieron el coordinador de jefes de servicios, César Rodríguez-Arbaizagoitia, y el jefe de negociado de Presupuestos y Contabilidad, Juan José Jerez, los trabajadores llegaron a pedirle al alcalde su dimisión. Ante la falta de respuesta por parte del regidor, se levantaron y marcharon.

Posteriormente, algunos de los asistentes se mostraron desconcertados porque el primer teniente de alcalde del PP, Antonio Cavacasillas, no había intervenido en el encuentro, aunque estaba presente. Ahora, sin embargo, rompe el consenso con Cs y abre una espita en el gobierno que ha tenido en Solana a su primera víctima.

La presión pasó el miércoles de las concentraciones a los concejales, dado que algunos solicitaron tareas a los empleados de sus áreas y recibieron como respuesta que no estaban entre sus atribuciones.

El movimiento laboral surgido al margen de los sindicatos reclamaba un trato igualitario a todos los empleados del Ayuntamiento y repartir el dinero disponible para aumentos entre todos.

Saben que cargar el presupuesto municipal con diez millones de euros (dos para la Policía Local y otros ocho para equiparar al resto de funcionarios y laborales) es inasumible para la ciudad. Por eso reclaman una nueva negociación que incluya a todos los empleados, también a la Policía Local. Y eso es lo que ha hecho el PP, dejando solo a Cs y distanciando al gobierno local a menos de un año de las elecciones.

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