La inflación y la luz asfixian a las tiendas de barrio

Pero él no suelta de la mano la última carta de la compañía de la luz, que le reclama un recibo de 500 euros que le tiene descolocado. «Venía pagando uno 200 o 210 euros al mes, pero esto es una ruina. No sé adonde vamos a llegar. La luz está arruinando a toda España».

Manuel Cortés no puede cerrar porque este negocio mantiene a su familia. Su esposa sufrió un ictus y depende de él, y tienen tres hijos. Ha tomado algunas medidas, como apagar dos cámaras frigoríficas en uno de los ultramarinos que atiende un barrio sin supermercados.

Aun así, asegura que las ventas no le llegan para tener algún beneficio tras pagar todos los costes. «La factura de la luz se come la comida, la merienda y la cena y hay que hacer más horas que un reloj aquí», dice quien abre a las 10.00 y cierra sobre las 23.00 con un descanso a mediodía.

La luz es su mayor quebradero de cabeza. Pero no el único. «Todo ha subido y tengo que pagar a los proveedores. Los clientes preguntan por qué han subido los precios de algunas cosas y yo les digo: pero vamos a ver, si voy a tener que vender por menos de lo que me ha costado a mí».

Un cliente acaba de coger un paquete de Ruffles de York y Queso de 31 gramos en el Ultramarinos Ángela, entre Ciudad Jardín y Antonio Domínguez, para volver a dejarlo en su sitio al ver el precio: 75 céntimos. «Vas a coger un paquete de patatas, que mira lo que es, que no es nada, y ves ese precio...», dice el cliente.

Ángela explica que este tipo de patatas han subido dos veces en un año y cada vez son más los clientes que se piensan si pasar por caja al ver el importe. Sobre todo en casos como este, donde el precio está impreso en la bolsa y los tenderos no tienen margen. El paquete de tres donuts costaba hace unos meses 1,20 euros, cuarenta céntimos menos que ahora.

Los precios de los alimentación han registrado una subida histórica tras dispararse un 15,2%, lo que supone el mayor alza de precios de la alimentación en 34 años, según el informe realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

En cambio, señala Ángela Saucedo, «los sueldos están todos iguales». Ella abrió su colmado hace 27 años en la calle Pedro Balas López. «El pan, los tomates... La gente se queja», explica detrás del mostrador. Los clientes miran más lo que compran y cada vez se dejan llevar menos por los impulsos.

De momento Ángela va capeando la crisis económica porque su contrato de la luz termina este mes. Hasta ahora ha tenido unas condiciones beneficiosas para el mercado actual que no sabe si le prorrogarán. En su entorno sí hay varios supermercados, pero ella mantiene una clientela fija. «Estoy deseando jubilarme, pero tengo 60 y me quedan siete años más como mínimo», suspira.

Juan Arturo Martínez se sabe los nombres de sus clientas. Sus padres gestionaron esta tienda de alimentos y productos de primera necesidad hasta 1996, cuando él se hizo cargo del local en la calle Vicenta García Miranda, una paralela a la avenida Ricardo Carapeto en San Roque. «Este año, con diferencia, es cuando más han subido los precios. Estoy pagando más que nunca», señala. La luz le ha pasado de 110 a 185 euros. Pero, sobre todo, nota que «los meses terminan antes» para sus vecinos. Las mantequillas, las frutas y todo lo relacionado con el aceite se ha disparado. Y no se explica, en especial, el incremento de productos de higiene personal, como el papel higiénico. «En muchos casos, los precios se han duplicado».

Cree que podrá superar este bache porque ofrece una relación de calidad y precio que sus vecinos valoran, pero también porque no suele tener productos almacenados y compra bastantes cosas al día. Juega a su favor que el local es suyo y no tiene que pagar alquiler.

Los comerciantes que montaron su negocio en locales alquilados temen la llegada de enero, cuando se revisan muchos contratos con el IPC y que este año roza el 10%. De hecho, la Alianza de Comercio y Hostelería de España, que agrupa a asociaciones de los dos gremios desde la pandemia, pide un pacto para limitar al 2% las alzas de los alquileres de los locales en 2023 y ayudar a los negocios. Pero de momento el Gobierno no se ha pronunciado.

Detrás del mostrador, cada tendero intenta sortear el alza de los precios y la merma de poder adquisitivo de los pacenses como pueden.