Un juez avala que el Ayuntamiento de Badajoz no pague el servicio de bicis de 2019

El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Badajoz emitió una sentencia el 24 de julio pasado en la que desestima el recurso de la empresa.

Servicios Integrales Extremeños SL logró la concesión de Biba en diciembre de 2014 por un periodo de cuatro años y una prórroga de dos con un máximo de seis. El Ayuntamiento abonó las facturas de los cuatro primeros años, pero dejó de hacerlo a partir de diciembre de 2018 y hasta diciembre de 2019. El motivo es que no había contrato, dado que no se activó el procedimiento administrativo de renovación.

Las facturas enviadas por la compañía durante 2019 le fueron devueltas sin abonar y son las reclamadas en los juzgados.

Servicios Integrales Extremeños SL recuerda que «de forma sorpresiva el 19 de diciembre de 2019 recibieron orden de paralización inmediata de la prestación del servicio por el técnico del servicio municipal de obras públicas por no encontrarse en vigor el contrato que sustentaba dicho servicio de mantenimiento».

Según la sentencia, el técnico municipal puso de manifiesto que «no se tenía constancia de la prestación del servicio, por lo tanto, no estaban llegando a dicho servicio municipal las facturas para ser abonadas». La empresa alegó en el juicio que giraba las facturas de forma telemática y que se las devolvían todas.

En un informe aportado al procedimiento por la defensa municipal y redactado por la Intervención del Ayuntamiento se indica que el contrato estuvo en vigor cuatro años y no se prorrogó, por lo que las facturas emitidas durante 2019 no pueden ser abonadas.

El Ayuntamiento argumenta que «no cabe la prórroga tácita del contrato, por lo que no habiéndose prorrogado expresamente el contrato y no existiendo crédito presupuestario, se produjo su finalización y la imposibilidad de hacer el pago de las facturas que se reclaman».

La defensa del Ayuntamiento defiende que hubo una «actitud negligente del contratista porque fueron muchas las facturas devueltas durante el año 2019 y nada hizo por intentar averiguar los motivos de la devolución hasta 2021».

La jueza analiza en la sentencia «si el contrato estaba vigente entre diciembre de 2018 y 2019 por entenderse prorrogado tácitamente o, por el contrario, al no existir una prórroga expresa, el mismo finalizó cuatro años después del inicio de la actividad».

El Juzgado Número 2 da la razón al Ayuntamiento en el fallo al estimar que «la ejecución de las prórrogas no depende de la voluntad del contratista, sino del acuerdo expreso por parte del órgano de contratación». Y añade que para que el contrato pudiera entenderse prorrogado a su finalización en diciembre de 2018 era indispensable una resolución expresa del Ayuntamiento de Badajoz, y que esta no se ha producido.

Sin prórroga, no hay expediente de gasto. Ese expediente, según otro informe de la tesorería del Ayuntamiento, no se inició cuando terminó el contrato en diciembre de 2018.

El titular del juzgado de lo Contencioso Número 2 dice que «llama poderosamente la atención que devolviéndose una y otra vez las facturas remitidas telemáticamente la empresa contratista no hubiera intentado averiguar las razones de su devolución, habiendo esperado a noviembre de 2021 para reclamar su pago, adoptando una actitud pasiva que, a la vista de la importante cantidad a la que asciende las facturas (más de 190.000 euros), se nos antoja incomprensible, máxime cuando se trata de una empresa experimentada, y que así nos consta, en contratar con la Administración, por lo que, a buen seguro, debía conocer que la devolución continuada de facturas debía tener alguna explicación. Como también debía saber que no cabía una prórroga tácita del contrato».

Por todo esto, el juzgado descarta condenar al Ayuntamiento de Badajoz e impone las costas a la empresa, hasta un máximo de 1.500 euros. Siex 2000, que rechaza comentar la sentencia, tiene previsto recurrir.