La jueza asegura que no sabe a qué se dedica el hermano del presidente del Gobierno

Este miércoles, la juez ha dictado auto en el que desestima la petición de la Fiscalía para que concretara la decisión de la misma jueza de citar como investigados al músico, conocido también como David Azagra, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y a otros siete trabajadores y políticos de la institución provincial.

El Ministerio fiscal pidió a la jueza que aclare de qué delito se investiga a cada uno de los nueve imputados antes de tomarles declaración, algo que apuntaba como «esencial» para su derecho a la defensa. A esta solicitud se adhirió posteriormente el músico David Sánchez.

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Pero la jueza no ha accedido a esta pretensión, e incluso asegura que es «absolutamente extraordinario» lo que sostiene el Ministerio Fiscal al poner en duda que deban ser citados como investigados. En este sentido, Biedma subraya que su decisión de llamar a Azagra, Gallardo y otras siete personas no les genera indefensión «pues los mismos han tenido y tienen puntual conocimiento de todo lo instruido, pudiendo acceder al procedimiento en su totalidad».

En el auto firmado este miércoles, al que ha tenido acceso HOY, la jueza reproduce varios de sus escritos en los últimos seis meses para insistir en que «no solamente se detallan los hechos, sino que se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación del puesto de trabajo investigado y/o en la modificación posterior del mismo».

Y para probar todo esto, la jueza ha reproducido en un escrito de respuesta la Fiscalía de diez folios parte de la investigación que ha desarrollado hasta ahora. Es ahí, en esos documentos que ahora resume, donde recoge algunas de sus dudas.

«Tras el análisis de la amplia documental remitida por la Diputación de Badajoz, con respecto al proceso de la 'Creación del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música' (...) no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el Sr. Sánchez Pérez-Castejón, ni por tanto en qué consiste exactamente su trabajo» se puede leer en el auto.

El auto profundiza: «En cuanto a la actividad de dirección de orquesta, únicamente la misma tuvo lugar el 12-1-2018, el 23-3-2018 , el 18-1-2019 y 23 y 24 de marzo de 2019, y el 8-1-2020. Con respecto al Programa 'Ópera Joven', pese a subrayarse su crecimiento e importancia y ser motivo fundamental del cambio de nomenclatura del puesto de trabajo (a director de la oficina de Artes Escénicas), únicamente se concretan las siguientes producciones: 'L´elisir d'amore' en 2019 (única representación el 28 de noviembre en Badajoz), 'El Gato con Botas' en 2021 (única representación el 27 de noviembre en Badajoz), 'Gianni Schicchi' en 2022 (únicas representaciones el 30 de septiembre en Badajoz y el 1 de octubre en Hornachos) y 'La paz perpetua' en 2023 (representaciones el 25 de noviembre en Badajoz y 26 de noviembre en Herrera del Duque) . En el año 2024, a fecha de junio, solamente se incluye como actividad un viaje didáctico el día 15 de marzo, relacionado con la producción 'La voz humana/La espera'». Con posterioridad, aunque no se recoge en el auto, se ha estrenado en Badajoz la ópera 'Carmen'.

La titular de la investigación también recuerda que le llama la atención que un personal de alta dirección «carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia».

La jueza también recuerda, en función de la información obtenida en el informe de la UCO sobre los correos electrónicos intervenidos en la investigación, que si bien el 5 de octubre de 2016 el propio presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibe una propuesta de personal para el año siguiente que considera excesiva, seis días más tarde empieza a gestarse la plaza de Azagra. También que el director de uno de los conservatorios incide en que tiene otras necesidades imprescindibles antes que una plaza de coordinador.

Por otro lado, en el auto de este miércoles, la jueza muestra su perplejidad por el escrito de la fiscal Begoña García que pretendía revocar su auto de citación a los investigados.

La jueza considera que cuando se interpone una denuncia o querella y se admite a trámite, lo habitual es que se cite a declarar al investigado ante el Juzgado de Instrucción. «Y ello no quiere decir, en aplicación del principio de presunción de inocencia, que esa persona haya cometido un delito, ni siquiera que vaya a ser acusada por ello, sino que el Juzgado de Instrucción tiene como función y deber investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal».

«Diariamente acuden a los Juzgados de Instrucción personas de toda índole, desde delincuentes habituales a profesionales de cualquier ámbito técnico o jurídico, todo ello en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Toda persona, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citada a declarar como investigado», recuerda Beatriz Biedma.

«Tanto es así, que es absolutamente extraordinario que se recurra una resolución donde se acuerda la declaración como investigados, y menos aún por quien no ostenta la defensa letrada de los mismos. Es más, en el presente caso, a pesar de que los argumentos del recurso del Ministerio Fiscal han resultado muy acertados a las defensas, quienes evidentemente se han adherido al mismo, ninguna de ellas ha recurrido expresamente el auto dictado, ni en reforma, ni en apelación«, zanja.

Añade también que «en todas y cada una de las resoluciones dictadas por este Juzgado, notificadas a las partes y al Ministerio Fiscal, se han ido determinando detalladamente los hechos investigados y la supuesta participación de los investigados en los mismos. Tales resoluciones o bien no han sido recurridas, - ninguna de ellas por el Ministerio Fiscal, ni siquiera las que han afectado a derechos fundamentales -, o han sido confirmadas por la Audiencia Provincial, que expresamente ha descartado la existencia de una investigación prospectiva«.