El juicio contra el alcalde de Oliva de la Frontera, aplazado tras retirar la acusación el Ayuntamiento

La posible comisión de ese delito fue denunciada en el año 2016 por la anterior alcaldesa socialista, Luisa Osorio, pero en las elecciones de mayo volvió al poder el ex alcalde procesado, que ya gobernó en la pasada década con el Colectivo Independiente Olivero (CIO), cuyos concejales decidieron en una comisión de gobierno celebrada hace escasos días retirar la acusación contra el alcalde y líder de su formación.

El documento que ha presentado en la Audiencia el nuevo abogado del Ayuntamiento confirma que el actual equipo de Gobierno no quiere mantenerse como acusación particular en esta causa, pero el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio ha comunicado que para que esa decisión tenga validez es necesario que antes pase por pleno, razón que ha motivado el aplazamiento del juicio. «Es absolutamente indispensable que exista un acuerdo de pleno que claramente establezca la renuncia a las acciones sobre esa responsabilidad civil», ha dicho el magistrado.

«Nuestra valoración es muy negativa porque esa denuncia la puse yo como alcaldesa y ahora solo habrá una acusación en el juicio», ha lamentado la exalcaldesa socialista, Luisa Osorio, tras conocer que el Ayuntamiento gobernado por el CIO se retira como acusación particular.

Sobre esta circunstancia no ha querido pronunciarse el procesado, Juan Antonio García Torres, quien sí ha indicado que su equipo de Gobierno acordó retirar la querella en una reunión en la que él se abstuvo por ser una decisión que le afectaba.

En todo caso, la ratificación del pleno parece segura dado que en la actualidad la Corporación de Oliva de la Frontera está formada por el alcalde y siete concejales del CIO, cuatro ediles del PSOE y un solo edil del PP. Eso otorga al Colectivo Independiente Olivero mayoría absoluta.

«La renuncia del Ayuntamiento como acusación debería haber sido admitida hoy por el tribunal. Cuando se presentó la querella tampoco hubo un acuerdo de pleno y sin embargo se admitió», ha dicho Juan María Calero, el abogado que defiende a Juan Antonio García Torres.

De momento, el juicio ha sido señalado para los días 23, 24 y 25 de abril del próximo año, por lo que concluirá el día de San Marcos, una jornada grande en Oliva por celebrarse la romería en honor a su patrón.

Para entonces, lo probable es que la única acusación sea la que mantiene la Fiscalía de Badajoz, que por el delito de prevaricación administrativa pide que el alcalde sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 15 años, y por el de falsificación en documento solicita 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3.240 euros (12 euros diarios durante 9 meses) e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años.

En ese mismo juicio se sentará en el banquillo el ex arquitecto técnico de este consistorio, que se enfrenta a una petición de pena de 20 meses de prisión y a una multa de 2.700 euros (10 euros diarios durante 9 meses).

La Fiscalía también propone que en el caso de que exista condena, el exalcalde haga frente a una responsabilidad civil de 55.648 euros por los actos de prevaricación y el uso indebido de las cantidades recibidas en concepto de subvenciones.

Esa misma cantidad la solicitaba hasta ahora el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con la representación de Héctor Galache, el abogado que fue contratado por la anterior alcaldesa socialista. Pero este letrado ha dicho este martes que decidió presentar su renuncia tras comprobar que en la situación actual su misión sería acusar al alcalde del Ayuntamiento que lo tenía contratado, «algo que no parecía lógico».

Tras su renuncia y la posterior retirada del Consistorio como acusación particular, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera dejará de reclamar el dinero que se podría derivar de este juicio si hubiese condena.