Un juzgado falla que la rotonda de la Dehesilla en Badajoz debe desaparecer

Los vecinos de la Dehesilla del Calamón tendrán que derribar la rotonda que levantaron sin licencia dentro de la urbanización hace cuatro años. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de la ciudad ha desestimado el recurso presentado por los propietarios contra la resolución del pleno que acordaba la restitución de la legalidad del espacio y, en consecuencia, la demolición de la glorieta.

La sentencia con fecha del 5 de mayo hace referencia a la situación en la que se encuentran los núcleos urbanos secundarios (NUS). Más de 20 urbanizaciones del extrarradio de la ciudad permanecen en situación alegal desde 2007, cuando se aprobó el último PGM. Desde entonces, Urbanismo no concede licencia de obras en ninguna de ellas. En este caso, no se trata de una vivienda, sino de una rotonda edificada por la comunidad de propietarios para evitar accidentes.

Aun así, la jueza recuerda que «las actuaciones se realizan en el NUS-11, suelo urbano no consolidado, cuyo desarrollo exige la previa formulación de un Plan Especial, plan que aún no existe, nos encontramos con motivos suficientes para no poder acceder a las pretensiones de la asociación demandante». Fue un vecino quien avisó a Urbanismo de la infracción.

La sentencia es firme, no cabe recurso contra ella e impone las costas a la comunidad de propietarios. La cuantía del procedimiento se fija en 1.380 euros. De esta manera, la jueza da la razón al Ayuntamiento y a la Delegación de Urbanismo, que abrió el expediente.

Los vecinos argumentaron en su defensa la caducidad del expediente por haber pasado más de un año desde que se inició hasta su notificación y el Ayuntamiento lo rechaza.

Este juzgado da la razón al Ayuntamiento. El juez apunta que otra sentencia dictada el mes pasado por otro juzgado sí reconoce la caducidad del expediente. Pero no de este que versa sobre la restitución de la legalidad, sino sobre el expediente sancionador.

Cada infracción urbanística que desarrolla Urbanismo consta de dos expedientes: uno que califica la infracción y multa la actuación, y otro que protege la legalidad y ordena su restitución. En el primer caso, según el juzgado de lo Contencioso Número 1 en otra sentencia de abril, sí se produjo caducidad. En el segundo, sin embargo, no es así para el juzgado de lo Contencioso Número 2. El expediente que se analiza en esta ocasión es el de protección de legalidad, que se inició en marzo de 2021 y el acuerdo de pleno para la demolición de la obra fue comunicada a la comunidad de propietarios en enero de 2022. Por tanto, no pasó un año.

Los vecinos, además, añaden que la rotonda es una obra de poca entidad que puede considerarse menor. En tal caso, argumentan que estarían ante una infracción leve y podrían realizar la obra sin licencia. De ahí que pueda ser legalizable. El Ayuntamiento, por su parte, negó la posibilidad de legalización por haber realizado la rotonda sin licencia y, por tanto, debe desaparecer.

El juzgado de lo Contencioso Número 2 recuerda que esta actuación está desarrollada en suelo urbano no consolidado y que el PGM obliga a esas áreas a regularizar su situación mediante un plan especial que no consta en Urbanismo. Por tanto, la obra no es legalizable.

Por otro lado, los propietarios argumentan que el objetivo de la actuación fue reducir los accidentes de tráfico y se hizo en suelo de titularidad privada. Pero el juzgado tampoco le da la razón y esgrime que «por muy loable que sea el propósito de la asociación (...) no puede ser nunca excusa para incumplir la legalidad urbanística, que exige disponer de licencia de obra».

Asimismo, el juzgado rechaza que se pueda calificar como una obra menor al haber existido movimiento de tierras y ensanche de la calzada, como recoge la Policía Local en el acta que levantó en febrero de 2018. El juez añade que, en el caso de entender que pudiera ser suficiente con una comunicación previa, no se presentó.

Así que el Contencioso Administrativo da la razón al Ayuntamiento y desestima la pretensión de los vecinos de ir contra la resolución del derribo.

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