La Policía Local pone 450 multas por aparcar en plazas para personas con movilidad reducida

Para luchar contra esta práctica, la Policía ha abierto una campaña contra este tipo de infracciones. El objetivo es identificar estos aparcamientos indebidos y sancionarlos.

La ciudad dispone de 807 espacios reservados para estas personas. El Ayuntamiento amplió el año pasado estos espacios con 315 plazas, lo que supuso un incremento del 47,66%. En cinco años, indican desde el Consistorio, han duplicado estos reservados. En 2020 existían 492 plazas.

La Policía Local recuerda que esos 807 espacios solo representan el 2,19% del total de plazas existentes en la ciudad para aparcar, por lo que pide más concienciación sobre los problemas que tienen las personas con movilidad reducida para entrar o salir de los vehículos. Ya sean ellos los conductores o viajeros. En muchas ocasiones requieren de una silla de ruedas para sus desplazamientos.

Este tipo de aparcamientos cumplen con los parámetros de accesibilidad y con ellos se busca facilitar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Respecto a su ubicación, los agentes procuran reservar las plazas más cercanas a zonas de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios de circulación de vehículos, de forma que aseguren la cercanía a lugares de interés y faciliten la apertura de las puertas laterales de los vehículos o del portón trasero.

El Ayuntamiento renovó la ordenanza municipal que regula estos permisos en 2021. Badajoz se adaptó con ella a la Ley de Accesibilidad de Extremadura, que exige que todos los Consistorio concedan las tarjetas siguiendo los mismos criterios y que todas se inscriban en un registro regional. Desde entonces solo la pueden pedir personas con discapacidad acreditada, mientras que quienes sufran una incapacidad temporal recibirán una provisional y en casos extraordinarios.

La solicitud exige numerosa documentación. En muchos casos es fundamental el certificado del Cadex ( Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura). Cuando se presenta todo en el Ayuntamiento, el Consistorio remite la petición a la Dirección General de Transporte de la Junta, que es quien evalúa si el beneficiario es apto para tener tarjeta. Se ha centralizado la decisión para que el criterio sea el mismo en todas las localidades de la región.

La tarjeta no está vinculada a un vehículo sino a una persona, será intransferible y estará vigente cinco años. Luego habrá que renovarla. Solo podrá usarse cuando el beneficiario se desplace en coche, no otras personas. En caso de uso fraudulento, el Consistorio podrá retirar el permiso. Se considera fraude la utilización de una tarjeta falsificada, el uso por quien no es su titular, llevar una tarjeta caducada o que sea una fotocopia o un duplicado.

La normativa establece una serie de sanciones desde 50 a 1.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Puede subir a 1.500 si es reincidente.