Las familias de los tres ahogados en el Guadiana reciben 1,5 millones, pero se archiva la causa penal

La instrucción concluyó hace ya varios meses pero ha sido ahora cuando ha trascendido que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las empresas que habían contratado a los trabajadores y sus aseguradoras han abonado a los familiares de los fallecidos 1.581.222,63 euros.

La cifra figura en el auto que decretó el archivo de una causa por la que fueron interrogados el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda; el responsable de las empresas Exver y Foresa, y cinco técnicos que conocían los protocolos de seguridad que se aplicaban en estas empresas.

Esas tres muertes se produjeron en enero de 2021 y ocho meses después los letrados que representaban a dos de los trabajadores fallecidos (Emilio Bastida, de 61 años, y José Luis Martín, de 31) hicieron público un informe en el que, según dijeron, se detectaban deficiencias en materia de seguridad laboral.

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Explicaron los letrados José Antonio Pajuelo, Juan Manuel Yerga y Concha Gómez que en el informe provisional de la Inspección de Trabajo se recogía que los petos de plástico que utilizaban los trabajadores para caminar por las orillas, llamados vadeadores, pudieron resultar claves porque, en caso de caída se llenaban de agua y eso les habría dificultado salir a flote.

Ese dato lo hicieron público en septiembre de 2021 y ocho meses después fue citado a declarar en calidad de investigado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien defendió que la actuación del organismo que presidía había sido correcta. En todo caso, dijo que no disponía de todos los detalles y añadió que en los proyectos que realiza este organismo público siempre hay un técnico director de proyecto que se encarga de mantener el contacto con la empresa contratada.

El mismo día que declaró Moraleda pasó por el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz Ignacio Macicior en su condición de administrador de Foresa y Exver, las empresas que habían recibido de la Confederación el encargo de vigilar el camalote. Dijo que ambas firmas habían actuado de forma adecuada y que cumplían las normas de prevención a través de una empresa externa.

Tras esa primera ronda de declaraciones, en junio de 2022 se supo que el juzgado instructor había citado como investigados a otras cinco personas: dos empleados de la dirección técnica de la Confederación, el representante de Exver, el jefe de obra y la responsable de riesgos laborales de las empresas subcontratadas. Todos rechazaron que hubiesen existido deficiencias en materia de seguridad laboral.

En ese momento los abogados que representaban a dos de los fallecidos insistieron en que el informe realizado tras el accidente había detectado que los chalecos salvavidas no cumplían con lo exigido, que el uso de vadeadores no había sido evaluado, que uno de los tres trabajadores no tenía la formación adecuada y que la evaluación de riesgos presentaba deficiencias.

Las posturas eran contrapuestas y la instrucción avanzó con la participación varios testigos. Entre ellos, un representante del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla) y otro del Ministerio de Trabajo.

Cuando se amplió la lista de investigados ya había transcurrido año y medio desde el suceso, un período de instrucción que se prolongó otros dos años hasta desembocar en el auto de archivo que finalmente descarta responsabilidades penales.

En ese documento el juez instructor expone que todas las partes personadas (el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas) consideran que «las circunstancias del accidente no permiten concretar reproche penal alguno», razón por la que solicitan de forma conjunta el sobreseimiento y archivo.

El auto añadía que todas las partes habían consensuado, conforme al baremo establecido en la Ley 5/2015, las indemnizaciones que correspondían a los familiares directos de los fallecidos (cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos) por un total de 1.581.222.66 euros. De esa cantidad, Axa seguros ha aportado 375.000 euros, mientras que Occident Seguros abonó 283.232 euros. Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han sido pagados 375.000 euros bajo el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, mientras que Foresa y Exver consignaron 181.222,66 en concepto de responsabilidad civil patronal.

Cada una de las familias ha recibido un importe diferente porque se indemniza de forma individual a cada perjudicado. En uno de los casos han sido indemnizados tres familiares (dos con 97.457 euros y uno con 28.672); en otro son seis los indemnizados (uno con 175.862 euros, otro con 71.110, el tercero con 36.932 y los dos restantes con 45.115 cada uno), y con respecto al tercer fallecido han recibido indemnización ocho familiares (tres con algo más de 200.000 euros, uno con 179.902, el quinto con 87.733, el sexto con 42.563 y los dos restantes con 16.224 euros).

«Entendemos que con esta sentencia han admitido que tienen responsabilidad en lo ocurrido, en caso contrario no habrían indemnizado a las víctimas», afirma Jorge Palacios, el abogado que ha representado a los familiares de Rafael Gemio. «Es cierto que en un primer momento se abrió una investigación penal, pero a medida que ha ido avanzando el proceso hemos llegado a la conclusión de que tal vez no hubiese una responsabilidad criminal y sólo estuviésemos ante un desafortunado accidente». «Lo importante es el «esfuerzo de conciliación» demostrado por todas las partes implicadas para que se alcanzase un acuerdo en el que «ha imperado el sentido común».