Urbanismo reclama a los vecinos de Los Rostros de Badajoz sanciones ya pagadas

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 16 de diciembre 2018, 09:48

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La polémica entre los vecinos de Los Rostros y el Ayuntamiento no cesa. Hace ya 18 años que el Consistorio les advirtió que se trataba de una parcelación ilegal en terrenos no urbanizables. Es decir, que ni se podía dividir en distintas parcelas ni construir en ellas. Sin embargo, la urbanización sigue en pie.

Ahora un grupo de vecinos reclaman al Ayuntamiento porque han recibido sanciones que entienden duplicadas. Se trata de una decena de propietarios correspondientes a un sector de Los Rostros I. En el año 2014 tuvieron que afrontar una sanción de unos 60.000 euros entre todos.

En febrero de este año han vuelto a recibir una multa que les obliga a pagar 53.566 euros entre todos. Se trata, en realidad, del dinero que reclama el Ayuntamiento para realizar los derribos, habida cuenta de que los titulares de los terrenos no han tirado sus propiedades a pesar de las resoluciones judiciales en su contra.

El problema surge porque se trata de un proindiviso. Así, cada vez que un propietario construye, la sanción la afrontan entre todos.

El Ayuntamiento revisó los terrenos ante el futuro derribo y comprobó que habían levantado algunas construcciones nuevas. A la hora de elaborar el listado incluyeron otras antiguas por las cuales los titulares ya habían pagado. De ahí el error que reconoce el propio Consistorio.

Desde Urbanismo indicaron a HOY que son conscientes del equívoco y que devolverán el importe a los afectados que no les corresponda pagar.

Rubén Delgado es el abogado que representa a estos vecinos. Está convencido de la duplicidad y explica que se ven las mismas construcciones en los proyectos de derribo. El abogado añade que los propietarios son conscientes de lo que han hecho construyendo en un lugar prohibido para ello y que están dispuestos a llegar a una solución intermedia. Pero no a que pasen por alto sus derechos obligándoles a pagar dos veces por lo mismo.

El Ayuntamiento está decidido a ejecutar los derribos para cumplir las sentencias judiciales. En enero sacó a concurso las demoliciones, pero no se ha sabido más. Fuentes de Urbanismo han indicado esta semana que la intención sigue adelante. Afectará a 36 edificaciones de diferente índole desde chambaos, pequeños cobertizos, gallineros hasta viviendas de mayor entidad. Hay una nave, una piscina y una perrera en el listado de derribos.

La demolición abarca a 21 construcciones de la finca Los Rostros II y a 15 de Los Rostros I correspondientes a los expedientes que se encuentran en la última fase de tramitación.

De esta forma, el Ayuntamiento cumple con las sentencias judiciales y pondrá fin a un largo camino de denuncias y desencuentros que se remonta al año 2000.

Entre los años 2000 y 2012 los propietarios de Los Rostros I y II tuvieron que acostumbrarse a las sentencias condenatorias, incluso del TSJEx, y también a los expedientes municipales, tanto los sancionadores como los de restitución de legalidad (es decir, la demolición).

Las sentencias coincidían en que tanto las construcciones como las parcelaciones eran ilegales y, por tanto, debían derribarlas.

Los Rostros se asienta sobre suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario.

El conflicto empezó en el año 2000. La empresa Los Rostros SL vendió a Alvisere Compraventa SL la finca de 1.530.500 metros cuadrados en suelo rústico de especial protección. La compradora la segregó en varias parcelas y empezó a venderlas a interesados en levantar allí una casa de campo. Al año siguiente, Cristina Herrera, que era entonces concejala de Urbanismo, ya advirtió a los propietarios de que era ilegal tanto parcelar la finca como construir en las parcelas resultantes.

El Ayuntamiento detectó que se estaban tendiendo canalizaciones y las paralizó. Días después, la propia Herrera anunció que los vendedores de las parcelas estaban devolviendo la señal entregada por algunos compradores ante la prohibición expresa de construir.

El administrador de la empresa Alvisere, que era la que vendía las parcelas, explicó entonces que habían comprado 27 hectáreas y las estaba vendiendo por partes: 4.800 euros por 5.000 metros.

A lo largo de 2002 la concejala de Urbanismo insistió en que jamás se iba a conceder licencia para construir en parcelas inferiores a 35.000 metros cuadrados. Como a pesar de la advertencia las obras continuaron, el Ayuntamiento decretó su demolición, e incluso la programó para el 8 de agosto de 2002. Pero no pudo llevarla a cabo porque los vecinos bloquearon los accesos. Esta situación se repitió en otras ocasiones. En 2005 actuaron en las canalizaciones, como se puede apreciar en la foto. Desde entonces ha habido varios intentos, pero de momento la urbanización sigue en pie mientras el Ayuntamiento asegura que llevará a cabo la demoliciones.