El aeródromo de Cáceres se frena al devolverse el expediente a la Agencia de Seguridad Aérea

A este último pertenece la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). Se trata de un organismo que depende del antiguo Ministerio de Fomento (actualmente el Mitma) y que se encarga de velar por el cumplimiento exhaustivo de las normas en materia de seguridad en los vuelos. Se ha ocupado de examinar el estudio ambiental presentado para el aeródromo de Cáceres, un requisito que la Junta de Extremadura encargó a una empresa con sede en Valladolid. El documento se adjudicó por unos 29.000 euros a Geprecon, Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental. Hubo 17 ofertas.

Fue necesario seguir ese camino después de que el primer intento resultase infructuoso y hubiese que anular el proyecto. Se requería un estudio ambiental completo y la correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA) antes de contratar la obra.

La Junta de Extremadura parecía haber encontrado vía libre una vez que el documento fue redactado y presentado. De hecho, el presidente, Guillermo Fernández Vara, avanzó que la dotación seguía adelante y se haría si contaba con la DIA favorable. Se hicieron estimaciones sobre la misma y se dio como fecha posible el pasado mes de agosto. El proceso había entrado en su recta final con todo a punto para que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) emitiese la citada DIA, que debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No ha sido así una vez que la Aesa remitió la documentación al Miteco. «El expediente se ha devuelto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana porque llegó incompleto», confirma ahora el otro ministerio afectado, el de Transición Ecológica. Admite que faltan «varios informes preceptivos según la Ley de Evaluación Ambiental».

De esta forma, se produce un nuevo frenazo, ya que la tramitación se ralentiza cuando lo que se esperaba es que una vez completado el documento y superado el proceso de exposición pública y consultas no debían producirse más salvedades.

No aporta el Miteco detalles sobre las deficiencias encontradas ni a qué apartados corresponden. Lo único que reitera es que «se ha pedido que se subsanen esas carencias».

Según informó la Aesa, Transición Ecológica disponía de cuatro meses para pronunciarse, aunque el plazo se podía interrumpir si requería «información adicional», algo que parece que ha ocurrido finalmente.

Ese ministerio –entonces de Medio Ambiente– ya exigió en 2015 un documento ambiental completo, con lo que el proyecto inicial de la Junta debió revisarse e iniciar una nueva tramitación. El promotor del aeródromo es la Dirección General de Transportes de la Junta.

Desde la Consejería de Movilidad explican que no pueden facilitar más información porque el asunto se dirime en estos momentos en otras instancias, las del Gobierno central. «El Ministerio para la Transición Ecológica ha requerido subsanación de información a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como órgano sustantivo del proyecto», resalta en su respuesta a este diario ese departamento de la administración autonómica.

En todo caso, el campo de vuelo cacereño no acabaría su larga marcha burocrática con la publicación de la DIA. A partir de ahí el promotor debe abordar la fase de autorización. La Aesa supervisa que se cumplan los requisitos y las normas técnicas. Si es positiva la evaluación, se notifica que es posible la construcción. Tras la misma, en una siguiente fase, la Aesa realiza otra inspección, esta vez sobre el terreno.

El Boletín Oficial del Estado ya publicó en marzo pasado que la DIA debe emitirla el Miteco. El aeródromo de los Arenales –si se da por buena esa ubicación– será un espacio solo para vuelos relativos a aviación deportiva y privada, sin opción de realizar vuelos comerciales. Se perfilan unas 2.500 operaciones anuales.

Se contemplan 30 empleos y se podría llegar a 120 durante la construcción. El aeródromo de Cáceres aparece en los presupuestos regionales con una partida de 150.000 euros que podría dar para arrancar la licitación del proyecto constructivo. Para 2023 se reservan 3,5 millones y para 2024 casi cinco.