Anulan 26 sanciones impuestas en Cáceres durante el estado de alarma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer dos resoluciones fechadas el 12 de noviembre. Una de ellas hace referencia a un total de 19 procedimientos sancionadores abiertos, que pasan a declararse finalizados, con el consiguiente archivo de las actuaciones seguidas en estos casos. Y la segunda resolución se refiere a otros siete procedimientos sancionadores que estaban más avanzados. Se acuerda su acumulación y revocación y se anulan las sanciones emitidas.

Este paso dado por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres se enmarca dentro de las actuaciones emprendidas por el Gobierno central después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el primer estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020 para hacer frente a la expansión del coronavirus.

El Ejecutivo ha creado equipos de trabajo en todas las subdelegaciones y delegaciones de Gobierno para llevar a cabo la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma y para anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración.

Este diario se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y con la Delegación del Gobierno en Extremadura, que no han facilitado más detalles sobre los 26 expedientes que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado con el número de documento nacional de identidad de los autores de las infracciones.

Todos estos expedientes tienen dos aspectos en común. Por un lado, los autores cometieron una infracción grave, contemplada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. En este punto se especifica que la infracción consiste en la desobediencia o en la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso de identificación.

El segundo aspecto en común de los 26 expedientes es que la desobediencia a la autoridad se produjo al saltarse la limitación de la libertad de circulación de las personas recogida en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Es decir no respetaron el confinamiento.

Entre los casos que han trascendido de incumplimiento de la normativa llama la atención la historia–ajena a los 26 expedientes– de un vecino de Talaván, que se saltó siete veces el confinamiento y realizaba a pie el trayecto hasta Cáceres. Un juez ordenó su ingreso en prisión en pleno estado de alarma y más tarde fue condenado a seis meses de cárcel.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Cáceres, la Policía Local abrió 2.203 expedientes desde el 14 de marzo de 2020 hasta del 17 de diciembre. Más de la mitad, 1.200, estuvieron motivados por incumplir el confinamiento. Tanto las multas de la Policía Nacional como las de la Local en el primer estado de alarma fueron remitidas a la Subdelegación del Gobierno.