El Ayuntamiento de Cáceres tendrá que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de la Sierrilla 1

Se trata de una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital cacereña, a la cabeza de las más cotizadas de Extremadura. Está dividida en dos sectores que cuentan con órganos propios para su gestión con las denominadas juntas o entidades de conservación. Los vecinos habían pedido su disolución, al considerar que ya habían cumplido su objetivo y el mantenimiento del barrio corresponde, como cualquier otro, a la administración. El Consistorio se opuso a la pretensión de los propietarios y el asunto desembocó en un doble proceso judicial. La sentencia del TSJEx es del pasado lunes 15 y alude solo al sector 1, pero puede tener consecuencias para los residentes en el sector 2, ya que se trata de procedimientos judiciales independientes y en ese caso se está a la espera de resolución.

El asunto trascendió hace algo más de un año, cuando en marzo de 2023 se supo que ambos sectores habían decidido abrir la vía judicial contra el Ayuntamiento. Eran procesos distintos pero con un mismo fin: trasladar a la administración esa obligación de encargarse de los costes de conservación. «Pagamos IBI, vado, todos los impuestos. Pero, ¿qué recibimos del Ayuntamiento?», se preguntaban los vecinos. La pretensión planteada por estos era que se considerase esa disolución de la entidad urbanística de conservación, tal y como habían solicitado en diciembre de 2022.

El Consistorio dijo que no. Y sus argumentos los ha repetido en el Juzgado, al no haberse cumplido, sugiere, los fines de esa entidad a la vez que la Sierrilla, defiende, «tampoco se encuentra integrada en el casco urbano» de Cáceres, según se cita en la sentencia del TSJEx. Decía el Consistorio que la urbanización está «separada de hecho» de esa trama urbana y cuenta con edificabilidad y densidad de población distinta, y tampoco dispone de «los servicios propios del casco urbano» al no estar recepcionadas la totalidad de las obras. Ello, entiende la administración, explica que no se presten los servicios públicos básicos y haya accesos deficientes.

En definitiva, el Ayuntamiento no quería que se disolviese la entidad de conservación ya que ello le obligaría a asumir las obligaciones de la misma y además se trata de una «cosa juzgada» puesto que el propio TSJEx ya se pronunció sobre el asunto en 2003. La resolución del alto tribunal extremeño rebate los argumentos de los letrados municipales y confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, del pasado 18 de enero. La misma queda ratificada, se desestima el recurso del Ayuntamiento y además éste deberá asumir las costas.

Incide la sala en que se trata de una parte más de la ciudad, suelo urbano que no tendría tal consideración si fuese un área aislada. De hecho, pone el ejemplo del autobús. «Es palmaria la conexión incluso por transporte público de la línea 5, que puede acceder a la zona si así se decidiese sin dificultad alguna», concluye. También rechaza el argumento de que la Sierrilla esté separada del resto de la ciudad por la existencia de dos carreteras. «De ser ese el criterio, seguramente muchas zonas incluidas en la trama urbana de ésta u otras ciudades nunca podrían catalogarse como tales», se reseña. Se apunta que la recepción de la urbanización se produjo en 1997.

La entidad de conservación ha cumplido su cometido, dice el TSJEx. «La disolución de la entidad es lógica y legal», se avanza. No toma en cuenta que se trate de un área de baja densidad, cuya escasa población fue esgrimido como argumento. Para el TSJEx «queda acreditado» que la Sierrilla es «una urbanización no privada, sino municipal» por lo que será el Ayuntamiento quien deba ocuparse del mantenimiento. El fallo aún se puede recurrir en última instancia ante el Tribunal Supremo.