Unas 300 cacereñas son derivadas cada año a la privada para abortar

Desde ese año el SES regula un procedimiento sanitario-asistencial para la tramitación de la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo. Igual que sucede con otros servicios como pruebas diagnósticas, el SES tiene estas intervenciones concertadas con la sanidad privada, algo que se da también en otras comunidades autónomas. Sí financia su coste pero no se lleva a cabo dentro de los hospitales públicos.

La provincia de Cáceres, igual que otras 11 de todo el país, no cuenta con ningún centro donde se realicen estas intervenciones, como puede leerse en un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad. Las mujeres que residan en localidades pertenecientes al área de salud de Cáceres tienen que acudir a la clínica Guadiana Los Arcos de Badajoz. Las de las áreas de Coria, Navalmoral y Plasencia pueden optar por la clínica Multimedia de Salamanca.

La ley de 2010 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto» y se establecen dos supuestos: «anomalías en el feto que sean incompatibles con la vida» o que se detecte en el feto «una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico». También en estos casos de riesgo los abortos se llevan a cabo en recintos privados, en este caso solo en la clínica Arcos del Guadiana de Badajoz. Para embarazos que superen las 22 semanas, cuya interrupción debe hacerse con un dictamen previo de un comité clínico, en este caso todas las mujeres extremeñas deben trasladarse a la clínica Dator en Madrid o Ginesur en Sevilla. En seis años, desde el año 2015 hasta 2020, un total de 1.462 mujeres de toda la provincia han llevado a cabo interrupciones del embarazo por decisión propia.

Dentro del marco legal establecido, explica el SES, las mujeres pueden solicitar abortar a través de cualquiera de los centros de planificación familiar existentes en todas las áreas de salud de la región o en los servicios de ginecología de los hospitales de la red sanitaria pública. Allí «se informa, asesora y canaliza, si es el deseo de la mujer, la interrupción del embarazo». En muchas ocasiones son las matronas las que reciben a las mujeres que tienen intención de interrumpir su embarazo y también ellas se encargan de darles las pautas para llevar a cabo este proceso, además de hacerles una ecografía para confirmar que hay embarazo, tal y como explica Remedios Vázquez, matrona de los centros de Salud de Alcuéscar y Valdefuentes. Además del itinerario que ofrece la sanidad pública hay mujeres que optan por llevar a cabo todo el proceso en la sanidad privada, sin pasar por ningún paso que implique una consulta en el servicio público.

Antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo las mujeres tienen un periodo de 72 horas para leer el consentimiento informado, un periodo que se considera de reflexión.