«Cogí el cuchillo por miedo y precaución; no tenía pensado usarlo»

Un jurado popular estudia desde este lunes si se trata de un asesinato, como mantiene la Fiscalía y, al menos, una de la dos acusaciones particulares (que representa a los padres de la víctima y a una de sus dos hijas) o si, por el contrario, se trata de un homicidio, tal y como argumenta el abogado defensor del acusado Emilio Cortés.

La Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio, que preside el magistrado Valentín Pérez Aparicio. Y al inicio de la primera de las tres sesiones en las que se divide en horario de mañana y tarde, se pudo escuchar al acusado, que se encuentra en prisión desde que sucedieron los hechos.

«Cogí el cuchillo por miedo y precaución; no tenía pensado usarlo», señaló sobre el arma empleada cuando faltaban tres minutos para la una de la tarde. «Si ustedes no van a ayudarme, ni van a defender a mi familia, tendré que hacerlo yo», contó que dijo a los dos guardias civiles que el día de los hechos se pasaron por su casa tras ser alertados por él mismo ante, según su versión, las insistentes llamadas de José Antonio, que al día siguiente tenía que entrar en prisión por un delito de violencia de género, según detalló Emilio Cortés, abogado del acusado. Según la defensa, Pablo recibió más de 300 llamadas en un mes de José Antonio. Y el día de los hechos se contabilizaron 38. Esa misma tarde la víctima se pasó por casa del acusado junto a otro varón. Pero Pablo no salió.

Poco después, tras recibir la visita de la Guardia Civil bajo su propio requerimiento, puso rumbo a El Lagar, establecimiento de su familia situado en una vía peatonal. Aquí se encontraba la víctima y el acusado no quería que su padre se enterara de la deuda y del origen de la misma –trapicheo de drogas–. Pablo admitió tener «lapsus» sobre lo que allí ocurrió. «Me dio un buen guantazo en la cara. Hubo un forcejeo y, si le soy sincero, no recuerdo dónde lancé... No recuerdo exactamente ese momento», respondió a la pregunta de la fiscal Ruth Crehuet sobre la puñalada mortal asestada en el costado derecho de la víctima. El arma del crimen, un cuchillo afilado con mango de madera, se exhibió durante la vista. La sala, durante la sesión matinal, estuvo llena de estudiantes de Derecho.

El acusado narró que junto a otro conocido vendió a una mujer marihuana por un importe de cien euros. La cliente no quedó satisfecha con la mercancía y le pidió que le devolviera el dinero. Le hicieron una entrega de 50 euros pero quedaron pendientes otros 50 que, según admitió el acusado, devolvería cuando tuviera el importe. En ese momento, expuso, trabajaba en el campo recogiendo aceitunas. La compradora de marihuana, que conocía al fallecido, le instó a que solicitara los 50 euros a Pablo.

La Fiscalía solicita una pena de prisión para el acusado de 19 años. En este caso, se han personado dos acusaciones particulares. Una de ellas, representada por la letrada Pilar García Chamizo, pide 21 años de cárcel. «Nosotros hemos calificado los hechos inicialmente como un delito de asesinato», dijo la abogada de los padres de José Antonio y de una de sus hijas.

Por su parte, Emilio Cortés lucha por la absolución de su cliente con la eximente de miedo insuperable, la eximente de actuar en legítima defensa y la de sufrir trastorno mental transitorio.

La Fiscalía pide también que el acusado indemnice con 100.000 euros a cada una de las dos hijas del fallecido, con 80.000 a cada uno de sus padres y con 18.000 a su hermana.