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M. M. N.
CÁCERES
Jueves, 27 de julio 2023, 07:15
Admitió que se había quedado con el dinero de sus clientes y la cifra final se fue por encima del millón y medio de euros, ... sin embargo, «aunque también expresó estar arrepentido, ninguna explicación ofreció sobre el posible y cierto destino» de los fondos. «Sumas dinerarias arrebatadas a tantos y diferentes perjudicados», refleja de forma textual la sentencia del pasado lunes 24 de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres sobre el exprocurador A. C. C. Fue juzgado el pasado día 4 y ahora la resolución de la sala, presidida por el magistrado Joaquín González Casso, le condena como autor de un delito de apropiación indebida y le impone la pena de cinco años y seis meses de prisión.
Se añade a ello la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, además de una multa de 16 meses a razón de 10 euros diarios. También queda inhabilitado para ejercer en este tiempo la profesión de procurador o abogado. Se considera probado el delito de deslealtad profesional, con multa en este caso de otros 10 euros diarios durante 16 meses e inhabilitación especial dos años y medio más.
En el juicio ha quedado patente la dificultad de localizar el dinero. «No ha habido manera de que diga dónde está», ha llegado a reconocer un acusador particular. El fallo también lo pone de manifiesto. Un hecho que limita como atenuante el reconocimiento de su conducta ilícita por parte de este procurador que, no obstante, en ningún momento llegó a definir qué pasó con el dinero.
Hay una extensa relación que supera la veintena de damnificados. Son 24 en total, con cantidades que oscilan entre los 600 euros de un particular, 2.931 euros del Ayuntamiento de Feria, algo más de 20.000 del Consistorio de Guareña ó 3.254 de la constructora Sevilla Nevado. En el listado de las personas, empresas y administraciones que deberán ser indemnizadas aparece con la cantidad más destacada la entidad bancaria Liberbank (ahora Unicaja), con 698.891 euros. También figura Naturgy Iberia (antes Gas Natural Servicios), con 276.449. Dos particulares suman en dinero apropiado por el exprocurador casi 75.000 euros. Hay otros bancos como Bankia (ahora Caixabank) con 204.039 euros; BBVA, 32.887 euros y hasta Correos (7.350 euros), una comunidad de propietarios (4.115 euros) y una funeraria.
La Audiencia Provincial establece una «responsabilidad civil directa y solidaria» por parte de una aseguradora con respecto a las indemnizaciones a los perjudicados en un caso en el que el acusado y ahora condenado llegó a reconocer haberse quedado con 900.000 euros. Su abogado, el penalista Emilio Cortés, pedía dos años de cárcel para él, de forma que pudiera evitar librarse de entrar en prisión al carecer de antecedentes penales.
«Su vida profesional está destrozada y ha estado viviendo de la caridad», dijo sobre el exprocurador su letrado.
Reseña el fallo de la sala que el acusado «no ha reparado ni dado satisfacción a las víctimas de sus delitos» durante los tres años que ha durado el proceso. Únicamente, consignó a favor de una particular más de 1.400 euros. Es «una cantidad mínima e insignificante en relación con la cuantía total de los daños causados», concluye la sentencia.
La Audiencia lamenta que el acusado no se haya «esforzado» en efectuar ninguna reparación económica pese a que en una primera declaración se comprometió a dar explicaciones sobre el «destino de la ingente cantidad económica apropiada». Nunca lo hizo, aunque durante el juicio oral expresó que «estaba arrepentido y pedía perdón». La sala alude a la «ambigüedad y opacidad» del procurador en sus manifestaciones y se fija en que la apropiación indebida provocó un «quebranto» que resultó «especialmente negativo» a los afectados. La sentencia no es firme. Se puede recurrir ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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