Embargan la cuenta y la pensión a una anciana de Cáceres pendiente de ser desahuciada

«Todo se vino abajo con la crisis de 2008, cuando perdí el trabajo y me quedé en paro», dice con cierto aplomo, dentro de la tristeza del que se ve en un callejón sin salida. Antes del año maldito José era camarero de un local de cierto prestigio en Cáceres, él se había comprado un piso y su madre estaba en otro hipotecado, «hubo un tiempo en que yo pagaba las dos hipotecas, hasta que no pude pagar más al quedarme sin nada».

Al perder su trabajo José perdió su piso, y se tuvo que ir a vivir con su madre, manteniéndose los dos gracias a la pensión de viudedad de ella. Él, que ahora tiene 64 años, no tiene ingreso alguno y se dedica a cuidar a su madre, que con 92 años tiene alzheimer, lleva más de dos años impedida para caminar y tiene problemas de tensión.

Fue en el año 2011 cuando le tocó el turno a su madre, al no poder pagar la hipoteca. Su piso, en el centro de Cáceres, pasó a ser propiedad de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, luego pasó a ser propiedad de Liberbank y, por último, de Unicaja, que ha vendido a una financiera los derechos del inmueble, junto con el crédito restante, que son unos 35.000 euros, al no cubrirse el total de la deuda hipotecaria en la subasta.

«La financiera que compró el piso –afirma el abogado Juan Manuel Rozas–, no es otra cosa que un fondo buitre que se dedica a comprar el crédito o las viviendas a muy bajo precio para luego, o bien desahuciar a los inquilinos o bien embargarles sus bienes».

Juan Manuel Rozas es el abogado de José y su madre, actuando de manera altruista, sin cobrar nada. El letrado señala al Diario HOY, que la financiera intentó echar a la calle a la madre de José y, por lo tanto, también a él. «En el mes de septiembre de 2021 –afirma Rozas–, conseguimos, mediante auto del Juzgado número 4 de Cáceres, la suspensión del lanzamiento hasta el año 2024 debido a sus condiciones de vulnerabilidad y enfermedad, de acuerdo a la Ley Antidesahucios del Gobierno y a las prórrogas de ésta».

Cuando parecía que madre e hijo iban a estar tranquilos hasta el año 2024, ahora se han encontrado con el hecho de que les han embargado el dinero que tenían en la cuenta. El 22 de junio se procedió al embargo judicial de los 667 euros con 87 céntimos que tenían de saldo, para cumplir lo dictado en un decreto del 17 de junio relativo a la ejecución hipotecaria.

Además del saldo de la cuenta le han embargado la pensión de viudedad. Ella no tiene bienes, los únicos ingresos brutos con los que cuenta al año son los 9.675 euros de la pensión de viudedad, lo que en neto supone 806,28 euros mensuales. La Tesorería General de la Seguridad Social le abona todos los meses esa cantidad en la nómina, pero este mes esa cantidad ha sido embargada por orden judicial.

El despacho de Juan Manuel Rozas ha tramitado en los tribunales de Cáceres que se anule ese embargo inmediatamente; pero teme que la resolución se pueda dilatar en el tiempo debido a la burocracia judicial, cuando la anciana y su hijo están en una situación absolutamente en precario, de necesidad.

«Es algo impresentable que en este país pase esto –señala Rozas–, y mucho más cuando el piso se tasó en 110.000 euros (importe de la hipoteca), se subastó por 70.000 euros y encima la pobre mujer tiene que pagar otros treinta y pico mil euros de remanente, gastos y costas». El letrado cacereño espera que el problema se solucione cuanto antes. «No le pueden quitar la pensión de 800 euros, es totalmente ilegal que le embarguen una pensión inferior a 1.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional», afirma.

La mujer embargada, que no tiene bienes ni otros ingresos, tiene 92 años, lleva dos años impedida, con incontinencia urinaria, y un grado de deterioro cognoscitivo severo.