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El conflicto de la segunda fase de la obra de la muralla de Cáceres suma un nuevo capítulo. El desencuentro entre el Ayuntamiento y ... la empresa adjudicataria de los trabajos, la firma vallisoletana Cabero Edificaciones, ha llegado a los tribunales.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Orgaz, este viernes durante la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de Gobierno. «Hemos tenido conocimiento de la admisión a trámite por parte del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres del recurso interpuesto por parte de la empresa Cabero Edificaciones relativo a la resolución del contrato de obra de restauración de la muralla de Cáceres en su fase dos», ha expuesto. «Es un capítulo más de esta serie desagradable que vivimos desde nuestra llegada, que es la muralla», ha agregado.
Tal y como se ha publicado, la empresa adjudicataria ha renunciado a continuar con la obras tras el parón producido por la retirada de la subvención concedida por el Gobierno central. Y lo que quiere es la resolución definitiva del contrato.
Pero el Consistorio mantiene que la firma debe continuar con los trabajos. «Este Ayuntamiento consideraba que no existían motivos para no retomar la obra. Así se lo hizo saber a la empresa mediante los correspondientes informes técnicos, que desmontaban los argumentos que daba la empresa», ha indicado Orgaz.
«La empresa -ha proseguido el portavoz- estaba en su derecho de recurrir obviamente y así lo respetamos. Este equipo de Gobierno lo que está haciendo es intentar dar solución a un problema que es consecuencia de la pésima gestión realizada por parte del partido socialista en la pasada legislatura, que hizo que se perdiese una subvención por parte del Gobierno central y que se paralizase la obra. Ahora este asunto se judicializa. Tenemos claro que lo que vamos a hacer es defender los intereses, también en instancia judicial, de todos los cacereños. Esperamos que esto llegue a buen puerto », ha zanjado.
«La obra lleva más de ocho meses parada y no nos han pagado lo que hemos ejecutado hasta ahora», apunta Javier Cabero, administrador único de la empresa adjudicataria, con quien ha contactado este diario tras hacerse pública la judicialización del conflicto. No obstante, el empresario aclara que está dispuesto a dialogar con el Ayuntamiento. «No queremos perjudicar. Siempre tenemos la vía de la comunicación abierta», admite.
La firma mantiene que su renuncia a continuar con la obra tiene respaldo legal y culpa al Ayuntamiento de Cáceres de cometer reiterados incumplimientos y errores que la llevaron a tomar esa decisión el pasado verano.
Los dos argumentos dados por la empresa, la paralización de la obra durante más de ocho meses consecutivos y la falta de certificación y pago durante más de seis meses, «están avaladas documentalmente y las dos son por sí mismas motivo legal de resolución del contrato», asegura el constructor.
Los problemas con la segunda fase de la muralla se remontan a septiembre de 2022. Ya antes de empezar la obra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicó al Ayuntamiento que le había retirado los 844.624 euros con los que iba a financiar la mayor parte de la rehabilitación (el contrato con Cabero asciende a 1.017.143 euros) por haber realizado una modificación sustancial del proyecto inicial. Además, había un litigio con una vecina que reclamaba la propiedad de la Torre Redonda (ya resuelto por los tribunales a favor del Ayuntamiento), lo que impedía iniciar los trabajos al mismo tiempo en los dos tramos de la muralla donde se iba a actuar, lo cual entorpecía la planificación de la empresa adjudicataria.
Pese a todo, según el relato de Javier Cabero, la constructora se disponía a iniciar las obras en ese mismo mes de septiembre de 2022, pero no lo pudo hacer porque no se había contratado el seguimiento arqueológico, imprescindible en este tipo de intervenciones. «Lo único que pudimos fue montar los andamios y aplicar herbicida al lienzo, y el 18 de octubre de 2022 la obra quedó paralizada de facto», señaló en unas declaraciones concedidas a este diario a comienzos de este mes.
Transcurrieron los meses hasta que el pasado 5 de julio Rafael Mateos, en una de sus primeras decisiones como alcalde, firmó una resolución por la que se autorizaba el levantamiento de la suspensión de las obras y se ordenaba su reanudación, que se pagaría íntegramente con fondos propios municipales tras la pérdida de la subvención estatal.
Casi dos meses después, la concejala de Patrimonio, Raquel Preciados, hizo público el pasado 31 de agosto que Cabero Edificaciones había renunciado al contrato y aseguró que la empresa no había alegado ninguna causa concreta para hacerlo, algo que Javier Cabero ha negado en rotundo.
Preguntado por el escenario que ahora se presenta y por una posible reanudación de las obras, tras la judicialización del tema, Orgaz no ha dado una fecha. «Saben que los servicios técnicos del Ayuntamiento estaban viendo las dos posibilidades que había: poder comenzar esas obras con una nueva licitación o ver quién estaba en la segunda posición. Vamos a ver cómo afecta esto», ha dicho Orgaz sobre el recurso.
En otro orden de asuntos, la junta de Gobierno ha autorizado la contratación de la asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de salud de la obra destinada a crear una plataforma única en la avenida de San Blas (desde su intersección con la Ronda del Matadero hasta la calles Sande y Peñas). La contratación se hará por un importe de 11.800 euros. Los trabajos de remodelación fueron adjudicados por un coste total de 378.000 euros. Las obras comenzarán a comienzos de 2024.
Y, además, Orgaz ha comunicado que la Comisión Jurídica de Extremadura ha desestimado de manera definitiva el recurso interpuesto por una de las empresas que optaron a organizar el Mercado Medieval.
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