Se inicia el proceso para quitar la inscripción de Primo de Rivera de Santa María en Cáceres

El concejal José Ramón Bello anunció la pasada semana dentro de todo el paquete de actuaciones de Patrimonio con cargo al presupuesto de 2021 que se dedicarán 3.000 euros a tapar esta inscripción dedicada al fundador de la Falange.

La medida, reclamada desde hace tiempo por colectivos como Amececa (Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres), tiene el objetivo de hacer cumplir la ley estatal de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007.

Actualmente se está «en conversaciones a tres bandas: Junta de Extremadura, Obispado y Ayuntamiento para poder llevar a cabo esta intervención lo antes posible y cumplir con la ley». Según el edil, el deán catedralicio, Ángel David Martín Rubio, está «pendiente de responder a la carta remitida por el Consorcio Ciudad Histórica». Tanto el deán como el administrador diocesano, Diego Zambrano, «están informados y han tenido diversas conversaciones tanto conmigo como con Patrimonio de la Junta», señala el concejal, que indica que el anterior obispo, Francisco Cerro, también estaba al tanto de este asunto.

Consultado por este medio, el Obispado señaló ayer no haber recibido ninguna notificación oficial del Ayuntamiento e indicó que «una vez que se reciba la comunicación se estudiaría en el Cabildo Catedral como cualquier otra petición que llega». Bello les volvió a enviar ayer mismo la carta fechada en el mes de febrero. «El Obispado siempre ha estado abierto a esta cuestión y el trato ha sido muy positivo», dijo.

Según señala el historiador Julián Chaves, presidente del comité de expertos de la Diputación que ha realizado el catálogo de vestigios franquistas de la provincia, eliminar estos restos, «que van contra la ley de Memoria Histórica estatal y extremeña, compete al propietario del centro, en este caso a la Iglesia, que es quien tiene que dar su conformidad». El papel de los ayuntamientos es clave en este tipo de asuntos ya que tienen potestad para iniciar los procesos y promover que se cumpla con las normativas.

¿Suelen las autoridades eclesiásticas colaborar para el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica? Normalmente, explica Chaves, los ayuntamientos de común acuerdo con el responsable de la parroquia, el sacerdote, proceden a la retirada del vestigio franquista. «En otros casos se ha recurrido al Obispado, como está sucediendo ahora en Cáceres, donde se está en negociación». La actitud de los obispados es variable. «Algunos son receptivos, otros no», indicó sin dar más detalles, puesto que el proceso para la retirada de este vestigio está abierto.

Hace cuatro años (entre septiembre y octubre de 2016) se retiró de la concatedral de Santa María en Mérida una inscripción dedicada también a José Antonio Primo de Rivera.

¿Con qué objeto se vulneraba el patrimonio en la dictadura para colocar estas inscripciones? «Es un ejemplo más del nacional-catolicismo, que fue el principio que rigió el régimen franquista desde sus orígenes, era preciso manifestar la adhesión a los principios del movimiento y la Iglesia en su conjunto se adhirió a ellos, eso conllevó reconocimientos implícitos e explícitos y uno de ellos fue prestar las fachadas o los laterales de los templos para rememorar figuras como por ejemplo la del ausente, que era como se conocía a José Antonio Primo de Rivera tras su ejecución en noviembre de 1936», indica el historiador. El repertorio de homenajes incluye placas «en honor a los caídos por Dios y por España» (combatientes del bando de Franco) o incluso grabados con expresiones como «Arriba España» o «Presente», cita Chaves.

La inscripción propagandística se hacía a conciencia, con hendiduras en la piedra que no son fáciles de retirar y que modificaron un monumento cuyo origen se remonta al siglo XIII pero que se rehizo entre los siglos XV y XVI con estilo tardogótico. En Mérida se hizo de tal forma que el tapado es reversible. El concejal José Ramón Bello señala que la fórmula elegida «dependerá de las propuestas». Considera que una vía aceptable es «lo que se ha hecho en otras ciudades donde se ha cubierto con una masa especial similar a la piedra original», pero que «en todo caso se seguirán los criterios Unesco, se obtendrán los informes preceptivos y se hará con supervisión arqueológica».

El comité de expertos ha elaborado un catálogo pueblo por pueblo para detectar los restos que no cumplen con la ley. Ni Cáceres ni Plasencia se han incluido en ese catálogo, se quiere iniciar uno independiente para ambas poblaciones.

Mientras tanto, sigue pendiente la retirada de la Cruz de los Caídos. El equipo de gobierno municipal ya ha señalado que su intención es trasladarla, pero no ha dicho cuándo. El pasado 21 de enero el pleno rechazó la petición de los dos concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz para que la Cruz se mantenga en la Plaza de América.