
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Poco antes de las 13 horas de ayer cruzó el arco de seguridad del Palacio de Justicia de Cáceres el jefe de la Policía Local, ... Benedicto Cacho. Para esa hora estaba fijada la vista de su reclamación ante el Ayuntamiento, en la que demanda el cobro de guardias localizadas, es decir, la disponibilidad plena como principal responsable. Cacho acudió como interesado, pero no tuvo que comparecer ni declarar ante el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1. Sí lo hicieron cuatro mandos policiales, tres de la Policía Local y un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que reconocieron que llamaban a Cacho para asuntos de trabajo a cualquier hora del día y sin tener en cuenta si estaba de descanso o de vacaciones. Todos confirmaron que en ningún momento dejó de atender sus llamadas.
«Un jefe de la Policía Local no puede desentenderse de llamadas que a veces son importantes y a veces no. Está disponible las 24 horas del día. Pedimos que se reconozca esa especial disponibilidad», proclamó el abogado de Cacho, Manuel Beato, cuando tras alrededor de una hora y media de declaraciones y posturas encontradas ante el juez se llegó a las conclusiones finales en el juicio.
Benedicto Cacho es jefe de la Policía Local de Cáceres desde enero de 2018 y ha llevado su demanda por la vía judicial para cobrar guardias localizadas. También para que se produzca una reorganización del cuerpo, sobre todo en los mandos. En el juicio quedó de manifiesto que, con la baja médica de un subinspector, en las próximas semanas solo quedarán al frente del cuerpo el propio Cacho y otro subinspector. Por ello, la reclamación también alude a la necesidad de dotar de medios personales al cuerpo policial. La demanda es que el juez ordene que el Ayuntamiento adopte «las medidas necesarias no solo respecto a la situación personal y laboral de Cacho sino a la organización del régimen de mandos de la Policía Local, para que se atiendan las necesidad de la ciudad sin renunciar a los derechos laborales más básicos».
En la vista salieron a colación reuniones y mensajes con los anteriores responsables municipales de Policía Local en los que se indicaba a Cacho que esa disponibilidad plena es consustancial al cargo, es decir, debe asumir que se le pueda llamar en cualquier momento y por cualquier asunto. De hecho, el jefe de servicio de la Policía Local y dos subinspectores, uno en segunda actividad, admitieron que llamaban cada vez que urgía un problema a Cacho. También el subinspector de Policía Nacional José Vázquez, coordinador de grandes eventos al frente del Grupo de Respuesta Rápida, confirmó que no dudaba en contactar con el jefe de la Policía Local sin saber si estaba de descanso o de vacaciones. «Siempre que lo llamo me atiende. En fin de semana o de vacaciones», resumió.
Alejandro Gómez, abogado del Ayuntamiento en este caso a través del despacho Sivianes y Gómez, contratado, indicó que Cacho pretende percibir una remuneración que queda fuera de la actual Relación de Puestos de Trabajo, que debería haber recurrido en su día si estaba en desacuerdo con ella.
Sobre esa plena disponibilidad, reseñó que el jefe policial se ha «autoatribuido» funciones, de forma que podría haberse negado si estaba fuera de la jornada laboral. En unas declaraciones del 31 de enero, el alcalde, Rafael Mateos, admitió que se debía reconocer ese complemento de plena disponibilidad a Cacho, en una asunto que venía de la legislatura anterior.
El letrado municipal restó importancia a esa valoración por ser «manifestaciones puramente políticas» que no se corresponden con «actos administrativos generadores de derechos». También reveló que Cacho ha cobrado 17.000 euros en horas extras desde 2018.
Como testigo del Consistorio acudió Javier Barrera, técnico de catalogación de puestos de trabajo. «Lo que hay que hacer es fichar. Si me llama el concejal y quiero que conste, debo fichar», concretó. También estaba citada la exconcejala de Seguridad, María José Pulido, pero esa citación no llegó a tiempo. El juez atribuyó esa responsabilidad al Consistorio por falta de diligencia. La sentencia se espera antes de 15 días.
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