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Hace ahora un año el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, confirmó que el Ayuntamiento haría lo que estuviese en sus manos para buscar alternativas ... y agilizar la retirada de las antenas de la Plaza de Italia y recordó que se trata de un edificio protegido sobre el que se han constatado diversas patologías que comprometen su estado. El pleno municipal confirmó en marzo de 2022 un acuerdo anterior que también pasó por la Comisión de Urbanismo y mediante el que se daba a Retevisión un plazo de tres meses para retirar las antenas que llevan años ocupando el espacio del monumento al Trabajo de la Plaza de Antonio Canales.
La empresa presentó alegaciones y fueron rechazadas por el Consistorio. El caso llegó hasta los juzgados y la última noticia había sido que el juez había adoptado medidas cautelares, de tal forma que quedaba paralizado el desahucio de los equipos de la torre mientras se decidía sobre el fondo de la cuestión. Y esto es lo que ha ocurrido ahora, con una última sentencia del Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres. En la misma se desestima el recurso presentado por Retevisión contra la resolución municipal.
Se ampara el juez en el fallo, contra el que cabe la posibilidad de apelar, en que el acuerdo del pleno de Cáceres se limitó «a formular (…) una propuesta de extinción de las autorizaciones de ocupación en su día concedidas», a la vez que se requiere a Retevisión para que en el plazo de un mes exprese su voluntad de aceptar o no.
Menciona el magistrado que si el Ayuntamiento hubiese dado carta blanca al cese definitivo del acuerdo con la mercantil no habría instado a esta para que mostrase su aceptación sino que «hubiera apercibido a la recurrente que, en caso de no llevarla a cabo voluntariamente, procedería su ejecución forzosa». De esta forma, entiende el Juzgado Contencioso-Administrativo que procede el ejercicio de acciones judiciales ante la jurisdicción civil para declarar la extinción de esas autorizaciones, si Retevisión no estuviese de acuerdo. Por ello, concluye, «procede desestimar el recurso y confirmar el acuerdo recurrido».
En el pleno municipal de marzo ya se desestimó el recurso de reposición que interpuso Retevisión contra la decisión municipal que se abordó en otra sesión de noviembre de 2021 para el desalojo de las antenas.
Lo que había hecho el Consistorio era rechazar las alegaciones de la operadora, acordar poner fin a las autorizaciones que se concedieron en 1982 para ocupar el edificio de la Peña Redonda y, a la vez, «requerir a Retevisión para que en el plazo de tres meses proceda a la retirada de todas las antenas» y demás aparatos de difusión.
La advertencia municipal era que si Retevisión se oponía, se procedería al ejercicio de acciones judiciales para que en los tribunales se declarase firme el fin de esa relación.
El Contencioso-Administrativo confirma la resolución municipal que daba ese plazo de tres meses para sacar los aparatos de la Torre del Trabajo. Sin embargo, quedan algunas dudas. La primera, si el caso proseguirá en los tribunales.
Puede ser así mediante un nuevo recurso de la mercantil, que se considera perjudicada, o por el Ayuntamiento, en este caso para garantizar que se restablece la seguridad en el inmueble.
Los informes de los técnicos municipales han constatado que la torre sufre diversos daños y patologías. A ello se suma que es un inmueble incluido en el catalogo de bienes protegidos. Los propios técnicos han apuntado a la necesidad de actuaciones de «reparación» para contener el avance de las patologías.
Frente a ello, Retevisión ha defendido que son unos equipos que prestan un «servicio público esencial para todos los ciudadanos de Cáceres» y cuya retirada puede conllevar serios trastornos con problemas para la recepción de la señal de televisión en muchos hogares. «El desmantelamiento privará innecesariamente de dicho servicio» a «gran parte» de la ciudad, avisa.
Frente a eso, el Consistorio ha ofrecido soluciones. «Estamos abiertos a buscar otras opciones, pero preservando el patrimonio histórico-artístico», avisó el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. El alcalde también minimizó en su momento los efectos al recordar que las tecnologías han cambiado en los últimos años y la mayor parte de los vecinos ya ven la televisión a través de Internet con fibra óptica.
El Consistorio está dispuesto a litigar si la eliminación de las antenas no se consuma en los plazos fijados.
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