El juez desestima la demanda del jefe de la Policía Local de Cáceres para cobrar las guardias

Sin embargo, el magistrado desestima los argumentos al entender que Cacho no ha logrado acreditar «la plena disponibilidad que alega» y que no estaría incluida en el complemento económico que ya tiene, el denominado grado G. También reseña el juez en la resolución, del pasado lunes 22 de abril, que el jefe policial «no ha permanecido en situación de especial disponibilidad durante las 24 horas del día y los 365 días del año desde su toma de posesión», en enero de 2018.

Para el juez no son elementos probatorios ni las manifestaciones de los testigos ni la relación de wasap aportados desde junio de 2020 a febrero de 2022. Un oficial declaró que cuando estaba en la situación de Cacho le llamaban fuera de su horario ya fuese a su teléfono particular o al profesional. Un subinspector incidió en que «la disponibilidad era total». Por su parte, un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía admitió que debía coordinarse para la organización de la cobertura de eventos con el jefe de la Policía Local y éste le atendía «fuera de su horario».

Todo ello, no obstante, no es suficiente para considerar probada esa disponibilidad que reclama Benedicto Cacho y que, según recoge su demanda, se sustanció en dos reclamaciones administrativas ante el Ayuntamiento. Una el 20 de julio de 2021 para regularizar su situación y otra el 21 de julio de 2022 para que se tomasen medidas que garantizasen su derecho al descanso.

La sentencia también descarta, como pedía Cacho al juez, mejorar la organización del cuerpo policial. Según la sentencia, esa competencia corresponde a la administración municipal «en el ejercicio de sus potestades de autoorganización». Entiende el juez que no se ha acreditado la vulneración en el régimen de los mandos de la Policía Local de los derechos laborales de sus integrantes.

Asimismo, se rechaza el pago de las retribuciones correspondientes a las guardias localizadas por la especial disponibilidad de Benedicto Cacho desde que se produjo su toma de posesión y mientras se mantenga su condición de máximo responsable del cuerpo policial.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en un plazo de 15 días. La decisión la tendrá que tomar Benedicto Cacho con su abogado, Manuel Beato, aunque lo más probable es que haya recurso de alegación. De momento, deberá afrontar el pago de las costas judiciales con un máximo de 500 euros.