El jurado popular declara culpable al acusado del crimen de Miajadas

En la sala han estado presentes familiares tanto del acusado como de la víctima en el momento de la lectura del veredicto. El jurado estima además que no proceden ni el beneficio de suspensión de la condena ni el indulto. Corresponde ahora al tribunal determinar el tipo penal específico que se debe aplicar en función de las respuestas dadas por el jurado, básicamente si se trata de un asesinato, como piden tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, que han visto en estas respuestas (50 en total) que el jurado, integrado por nueve componentes, ha entendido la concurrencia de alevosía.

Durante la lectura del veredicto, el jurado ha estimado además que "ningún testigo " sabía que existieran las amenazas que durante su declaración el acusado atribuyó a la víctima, presuntas amenazas motivadas por el cobro de una deuda pendiente por trapicheo de drogas de 50 euros. "Consideramos que son percepción del acusado", ha añadido el jurado, quien además ha expuesto que Pablo, que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, no tenía miedo cuando actuó.

"Según el registro de llamadas, aparecen más llamadas del acusado a la víctima que de la víctima al acusado. No hay pruebas que evidencien que estaba bajo presión. Consideramos que el acusado no temía por su integridad física", ha añadido.

Concluye así un proceso que se inició este lunes en la Audiencia Provincial de Cáceres y que arrancó con el testimonio del acusado, que ha estado en prisión desde que fue detenido poco después de ocurrir los hechos.

El 2 de diciembre de 2021 Pablo recibió la visita de José Antonio en su casa para pedirle el dinero. Posteriormente, alertó a la Guardia Civil tras sentirse amenazado. Y, a continuación, cogió un cuchillo de casa, se lo metió en el bolsillo trasero del pantalón y se dirigió al restaurante El Lagar, que regentaba su familia y donde se encontraba en esos momentos José Antonio.

«Cogí el cuchillo por miedo y precaución; no tenía pensado usarlo», señaló sobre el arma empleada Pablo durante su declaración del lunes. También alegó que no recordaba cómo se produjo la puñalada. Admitió que tenía lapsus sobre ese momento.

«Me dio un buen guantazo en la cara. Hubo un forcejeo y, si le soy sincero, no recuerdo dónde lancé... No recuerdo exactamente ese momento», respondió a la pregunta de la fiscal Ruth Crehuet. No obstante, ya había reconocido los hechos tanto en sede judicial como policial, pero su defensa alegaba varios eximentes para no ser condenado. En un principio su letrado, Emilio Cortés, solicitaba su absolución y más tarde añadió que si esta opción no era viable fuera condenado a un delito de lesiones al mantener que en su ánimo nunca estuvo acabar con la vida de la víctima. "Como mucho, estaríamos ante un delito de homicidio por imprudencia", ha expuesto este jueves el letrado ante el tribunal tras escuchar el veredicto. En este caso, la pena máxima sería de cuatro años de prisión.

"Tenemos un resultado de muerte, lo cual es innegable. Es una realidad triste. Tenemos un autor confeso en instrucción, lo cual es una realidad. Y lo único que faltaba por averiguar es con qué intención se clavó el cuchillo. Si se hizo con la intención de matar o con la intención de lesionar. Nosotros sostenemos esta segunda opción. Ha resultado probado que la hoja del cuchillo no penetró totalmente en el cuerpo del fallecido y ha resultado probado que no se utilizó mucha violencia en el acto. Seguimos manteniendo lo que dijo el forense. Ha sido un caso de mala suerte. Esa herida, si se hubiese cogido a tiempo, no era compatible con la muerte. Todos estos factores nos hacen albergar la esperanza de que la sentencia pueda ser mucho más benévola que aquello que solicitan las acusaciones", ha admitido posteriormente el abogado ante los medios de comunicación.

La Fiscalía, mientras tanto, mantiene su petición 19 años de cárcel por asesinato. Una de las dos acusaciones particulares, que representa a a los padres de la víctima y a una de sus dos hijas, solicita 22 años de prisión, además una indemnización de 140.000 euros para la menor, 83.317 euros para cada uno de los progenitores y 18.000 euros para la hermana de la víctima. "Esperamos que sea condenado por asesinato. Ha quedado justificada la alevosía", ha admitido la letrada Pilar García Chamizo, que representa a esta parte de la familia de la víctima y que el lunes expuso que su petición sería de 21 años. La otra acusación particular pide una pena de 20 años de prisión y una responsabilidad civil de 100.000 euros para la otra hija del fallecido, además de asumir las costas de esta acusación particular.