Un juzgado obliga al Ayuntamiento cacereño a hacer reformas en el Guadipark

El Ayuntamiento de Cáceres tendrá que arreglar la piscina del Guadipark y acometer las obras necesarias para su impermeabilización. Una sentencia del juzgado de lo Contencioso número 1 de Cáceres, que no es firme y contra la que el Consistorio aún puede interponer un recurso de apelación, le obliga a costear los arreglos en el vaso principal de la instalación.

El fallo del juez estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Salud Mental Inserta S. L., contra una resolución de Alcaldía de febrero de 2019 que desestimaba un recurso de una resolución anterior. Ésta rechazaba, a su vez, la solicitud de la empresa de que el Ayuntamiento comunicara a Canal de Isabel II la imposibilidad de cortar el suministro de agua hasta que se dictara resolución expresa definitiva, así como que se llevaran a cabo las medidas económicas para restablecer el equilibrio de la concesión, según se recoge en la sentencia.

La sociedad se adjudicó en 2013 la gestión de este complejo recreativo construido por Canal de Isabel II en 2001 y revertido a la ciudad diez años después. La empresa inició un litigio con el Consistorio por el mal estado del vaso y las averías y pérdidas de agua, pidiendo, además, que se la compensara por la inversión de «más de 125.000 euros» que, según alega, ha tenido que realizar durante la ejecución del contrato.

La sentencia no estima, sin embargo, esta segunda reclamación, y la empresa se plantea ahora demandar por la vía penal al Consistorio para que se reconozca el «desequilibrio» del contrato, según ha manifestado a este diario el representante de SM Inserta, que denuncia que cuando se presentaron a la licitación no se les informó de las «graves» deficiencias que presentaban los vasos de las piscinas.

Mientras tanto, la empresa no ha decidido aún si abrirá o no el recinto al baño esta temporada. «No tenemos garantías legales de que se pueda abrir», afirmó su representante, al tiempo que matizó que si el Ayuntamiento «no hace ninguna actuación para salvaguardar la legalidad de las instalaciones», no lo abrirán. El equipo jurídico de la sociedad estaría estudiando ahora la resolución del contrato.

Y es que la sociedad esgrime que el complejo del Guadipark no está legalizado. Denuncia que su ubicación se realizó en zona ZEPA, «de manera ilegal», y que el Ayuntamiento lo obvió al recibir las instalaciones de Canal de Isabel II –que la concesionaria del agua construyó como una mejora del contrato– «y permitió una licitación y la concesión a una empresa en una situación de clara precariedad, obviando dicha situación en los propios pliegos de licitación», señala.

El Guadipark abrió el pasado verano bajo las condiciones excepcionales de la pandemia, del 17 de junio al 8 de septiembre. Su representante asegura que tanto el año pasado como al tener conocimiento de la sentencia han intentado reunirse con el Ayuntamiento para planificar la temporada de baño, sin que hayan obtenido respuesta alguna.

Inserta se adjudicó el Guadipark bajo el modelo de empresa de inserción social para emplear a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, un modelo al que renunció hace dos años, según su representante, por la imposibilidad de asumirlo debido a la inversión realizada.

El Ayuntamiento, que en febrero de 2020 abrió un expediente de imposición de penalidades a SM Inserta por incumplir varios compromisos recogidos en el pliego de condiciones de la concesión, no confirmó ayer a este diario si recurrirá o no la sentencia.