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En las clínicas veterinarias de la ciudad estas semanas están teniendo más peticiones de lo habitual para colocar microchips a los gatos. El motivo hay ... que buscarlo en la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, que tendrá lugar el próximo viernes, día 29, y que establece que es obligatorio que los felinos deban estar perfectamente identificados con este sistema, una práctica que hasta ahora estaba más extendida entre los perros.
«Sobre todo estamos recibiendo peticiones para colocar microchips a los gatos. Es raro que los perros no los tengan ya», admite Borja Durán, propietario de la clínica veterinaria Montesol, situada en el barrio homónimo. «La colocación de microchips en gatos es nueva», subraya Laura Brezos, empleada de la clínica Doctor Can, ubicada en La Madrila.
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, recoge en su artículo 51 que «serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos y hurones».
Las clínicas de la ciudad también reciben llamadas de dueños de canes que, hasta ahora, carecían de microchip. Estos propietarios no pueden seguir eludiendo esta obligación porque la nueva normativa les exige un seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros. Y para poder contratar este seguro es indispensable que sus mascotas estén identificadas.
Pero este último punto ha sido una de las cuestiones que el Ministerio de Bienestar Social y Agenda 2030 se ha visto obligado a aplazar ante la falta de un reglamento específico. Tal y como recuerda Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, desde el Gobierno central se ha remitido hace unos días una circular a los colegios españoles, a petición de los propios veterinarios, en la que se reconoce que hasta que no se desarrolle un reglamento sobre los seguros obligatorios de perros no podrá ser obligatorio contratarlo.
El texto indica, además, que se deberá atender a lo recogido sobre esta materia en las normativas autonómicas y locales. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, la normativa específica ya obligaba a que la cobertura mínima del seguro sea de, al menos, 120.000 euros. Otra de las medidas que se ha pospuesto de la nueva ley es la obligatoriedad de realizar cursos para tener canes. Colocar un microchip cuesta entre 35 y 50 euros.
«Hay muchos intentos de abandono», admite rotunda Laura Varaldi, responsable del Refugio San Jorge de Cáceres. Ella no tiene duda y atribuye estas tentativas a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. «A partir de ahora –expone– la tenencia de animales implica más normativa». Aspectos como la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil para los perros o la necesidad de hacer un curso –estos dos puntos de la nueva ley han sido pospuestos– pueden llevar a algunos propietarios de mascotas a optar por el abandono. «Hay dueños que intentan deshacerse de su mascota», lamenta la responsable del Refugio. Habla de intentos porque los voluntarios tratan de frenar los abandonos cuando reciben la llamada de los dueños. «Recibimos dos llamadas de media al día», señala Varaldi. Desde el Refugio se invita a los propietarios a enviar fotos para tratar de buscar nuevos dueños a estos animales a través de las redes sociales. Pero intentan evitar a toda costa que lleguen hasta las instalaciones municipales, habitualmente saturadas. Indica Varaldi que los perros de los que se quieren deshacer no son galgos, que son los que habitualmente se abandonan, sino canes de compañía más pequeños. «Una señora se quería deshacer de un perro con movilidad reducida con el que llevaba ocho años », ilustra la responsable del Refugio. En el caso de que los dueños no puedan seguir dando techo a los animales, la recomendación de la voluntaria es que se recurra a una residencia canina mientras El Refugio busca una nueva familia para el can.
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