La plataforma 'No a la mina' de Cañaveral recurrirá ante la Comisión Europea su designación como proyecto estratégico

Según critica la asociación, esta designación «eximirá a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales dando carta blanca para contaminar masas de agua y dañar espacios naturales protegidos». Además, lamentan que fuerza una tramitación exprés de las autorizaciones, lo que a su juicio «socava el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los derechos de participación de la ciudadanía, en un trámite cuyo proceso de información pública sigue sin resolverse desde que comenzó en diciembre de 2022 y se entregaron alegaciones, en febrero y marzo de 2023, a las propuestas de Proyecto de explotación y plan de restauración, de Estudio de impacto ambiental y de Autorización ambiental integrada».

La plataforma recuerda que envió un escrito de reclamación para conocer el expediente de concesión de ayudas por el PERTE VEC y las ayudas que se le concedieron a Lithium Iberia en noviembre de 2023, del que denuncia «no haber obtenido respuesta».

Aparte, afean que tampoco se les ha dado acceso, ni a ellos ni a Ecologistas en Acción de Extremadura, a los expedientes del proyecto de explotación y plan de restauración, estudio de impacto ambiental, ni Autorización Ambiental.

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Esto explica en su opinión que esta aplicación «exprés» de autorizaciones y exención de cumplir exigencias ambientales se lleva aplicando desde el inicio de este proyecto. «Y muestra de ello es que se le han concedido por dos veces ya, ayudas millonarias del PERTE VEC a este proyecto de Lithium Iberia, pese a ser un proyecto en trámite», apostillan.

Aparte de las alegaciones y las reclamaciones mencionadas, han interpuesto recientemente un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como paso previo a la interposición de recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por la negativa de la Junta de Extremadura a darnos acceso a los expedientes en trámite.

Y en lo que se refiere a la declaración de interés europeo, desde la plataforma anuncian que ya están trabajando en un recurso de revisión interna ante la Comisión Europa, como paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Denuncian la absoluta opacidad con la que se ha llevado a cabo el otorgamiento de este estatuto, no sólo no permitiendo la participación pública, sino también impidiendo el acceso a la documentación presentada por la empresa y los informes encargados por la Comisión.

'No a la mina' dice también que tanto la Comisión Europea como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tenían derecho de vetar la candidatura, no lo han hecho y han denegado las solicitudes de información argumentando un supuesto «secreto empresarial». Pero la plataforma considera que detrás de la negativa está la existencia de «datos falsos y omisiones que serían motivo para retirar el estatuto de proyecto estratégico».

Entre las que consideran «posibles malas prácticas e impactos previstos de este proyecto de Lithium Iberia», destacan una supuesta compra fraudulenta de los derechos mineros, «que se está instruyendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Almendralejo y en la Audiencia Provincia de Badajoz, donde están siendo investigados Minas del Estaño de Extremadura, Minas de estaño de España, Auriga Capital Investments, Jesampa 2018, Eurotin y Stannico Resources».

Denuncian asimismo que Jesampa fue creada por Iñigo Resusta, presidente de Lithium Iberia, confundador y presidente, a su vez de Auriga Global Investors, sociedad de gestión de valores que mueve carteras de inversión intermediando la compraventa de acciones

«Más allá de estos 33 millones de euros de dinero público entregados al oportunismo empresarial y la corrupción que conlleva por lo que se llevan y por la triste compra de voluntades que implica en el territorio», amplían, también se refieren al impacto ambiental en esta venta y al sacrificio de parte de los pueblos de Cañaveral, Grimaldo, Pedroso de Acim, Holguera y de los próximos Torrejoncillo o Casatejada entre otros.

Este proyecto minero que se sitúa en el Monte Catalogado de Utilidad Pública de las Navas Altas, en la cabecera de cauces que vierten al río Alagón, que se sitúa aguas arriba y con una escombrera permanente encima del acuífero de Galisteo, supone a su criterio «un riesgo muy grave de contaminación de las masas de agua. Como se señala en las alegaciones presentadas en 2023, los impactos son al agua, al suelo, al aire, a la salud de las personas y de los alimentos de calidad que allí se producen».

Denuncian además que el Reglamento de Materias Primas Fundamentales conforma «una vuelta de tuerca más que justifica la opacidad y acceso privilegiado a fondos públicos que ya está ocurriendo, financiando de este modo una destrucción sin precedentes, y convierte a nuestro territorio en una zona de sacrificio».

De hecho, España es el país europeo con más candidaturas de proyectos estratégicos extractivos (10 en total), frente a tan sólo 1 proyecto de reciclaje. Si además se suman los proyectos de Portugal, la Península Ibérica representa más del 30% de todos los proyectos extractivos presentados.

Es por todo el argumentario planteado y frente a esta situación «neocolonial», que anuncian nuevas movilizaciones conjuntas con otras plataformas y colectivos de otros territorios, con el objetivo de «dar una respuesta social y judicial a esta decisión profundamente injusta, opaca y antidemocrática», sentencian.