Solo dos mociones en el pleno municipal de octubre en Cáceres y ambas presentadas por la oposición más a la izquierda en el espectro ideológico de la Corporación. Unidas Podemos (UP) llevaba una para declarar Cáceres como zona tensionada ante el incremento del precio de ... los alquileres. El PSOE, en una propuesta defendida por su portavoz, Belén Fernández, reclama medidas para el impulso del acceso a la vivienda «como un derecho para la ciudadanía cacereña». Sin embargo, ninguna de las dos ha prosperado. La mayoría formada por los concejales del PP y Vox lo ha impedido. En el transcurso de este doble debate ha quedado de manifiesto de nuevo la división del pleno en dos bloques, a izquierda y a derecha. Eso sí, mientras que el PSOE apoyó la moción de UP esta formación se abstuvo en la proposición socialista.
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Los ediles han repetido datos y estadísticas, así como referencia a portales especializados y estadísticas e informes, el último el del Banco de España. «El coste del alquiler ha subido un 80 por ciento en los últimos años y los sueldos apenas lo han hecho un 25 por ciento. Esto es algo que se veía venir. El no acceso a la vivienda pone en riesgo otros derechos fundamentales por una vida digna», ha defendido Consolación López, impulsora de la moción de UP y para la que es relevante que, según el banco central, los españoles paguen el 40 por ciento por su vivienda cuando en países como Francia o Alemania se llega al 17.
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También ha destacado que esa necesidad de declarar Cáceres como zona tensionada no implica una medida permanente. «No hay relación entre los salarios y el alquiler Por eso queremos declararlo zona tensionada. No sería para siempre sino por tres años», resume.
«La ley protege a los okupas en lugar de proteger a los propietarios y puede arruinar a las familias», ha mencionado Raquel Mirat, de Vox. Para esta formación no se trata de intervenir en el mercado sino de aplicar soluciones por la vía de beneficios fiscales que incentiven el alquiler.
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David Holguïn
«Esto parece un pleno patrocinado por Securitas Direct. Como si nos fueran a okupar en cualquier momento», ha comentado con sarcasmo David Holguín (PSOE). Este concejal ha dado cifras locales para poner de relieve el problema existente en Cáceres, donde a un profesor que llega de forma temporal le piden 1.200 euros por un piso, 1.000 euros en el Perú o 200 euros por alquilar una habitación en piso compartido en la Avenida de Portugal. En la defensa de su moción, su compañera, Belén Fernández, ha sido contundente: pide que el Ayuntamiento aplique «de forma urgente» un plan municipal de vivienda. «Cáceres la ciudad en la que más se ha encarecido el precio, más que un derecho la vivienda es un lujo. Es necesario regular el suelo de acuerdo con el interés general.
«Nos lo decía un experto. Hay una proliferación descontrolada de apartamentos turísticos, se disparan los precios, se expulsa a vecinos... pero de esto no se habla. No hay medidas estructurales ni drásticas», denuncia Álvaro Jaén (PP).
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Las respuestas del Gobierno han llegado del concejal de Urbanismo, Tirso Leal, en este caso para tratar de demostrar los fracasos de las políticas aplicadas tanto por el Gobierno central como por el PSOE en las anteriores legislaturas regionales. «Encontrar vivienda se ha convertido en un calvario, pero la solución no tiene nada que ver con declarar un mercado tensionado. La oferta se ha reducido un 33 por ciento en cinco años, curiosamente en los años de gobierno del PSOE. Los okupas ya no necesitan tirar la puerta, el Gobierno se la abre», resume. Leal ha anunciado, no obstante, que el próximo proyecto de presupuesto de Cáceres habrá una partida específica para el plan municipal de vivienda.
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