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Retevisión ha presentado alegaciones contra el acuerdo de pleno del pasado 18 de noviembre en el que se daba un plazo de tres meses para desalojar las antenas de la torre de Antonio Canales. Lo que salió de aquella sesión de la Corporación local era que esas antenas empezaban a tener los días contados, y aunque todavía siguen allí el Consistorio se basa en los informes técnicos para que eso cambie.
Su presencia está causando un serio deterioro al monumento. La denominada Torre del Trabajo (también conocida como Torre del Reloj) se empezó a levantar en 1933 con Antonio Canales como alcalde. Ubicada en la plaza del histórico regidor cacereño fue obra del arquitecto Ángel Pérez. Se trata de un bien protegido cuyo uso no es compatible con la actual normativa urbanística. Se ha llegado a valorar la posibilidad de darle un uso turístico y hacerla visitable, pero hoy eso es imposible por cuestiones de seguridad.
Para acceder a la misma se requiere autorización. Retevisión insiste en mantener sus equipos allí y advierte de que debe sacarlos se verá afectado el servicio que presta.
«El desmantelamiento apresurado privará innecesariamente de dicho servicio público a gran parte de la población de Cáceres durante un tiempo considerable», avisa Retevisión entre sus alegaciones.
Sugiere el operador que la cobertura se puede ver seriamente afectada en la capital «o bien empujará a los propietarios de los edificios de la ciudad a incurrir en importantes gastos para implementar o adaptar sistemas receptores particulares o colectivos». Alude el distribuidor de las señales de radio y televisión, a «graves perjuicios irreversibles para el interés público» y cree que ello es «fácilmente evitable» si el Consistorio flexibiliza su postura. Ello equivale a pedir una «suspensión cautelar» de la retirada de las antenas.
El asunto se abordará este miércoles en la comisión de Desarrollo Urbano pero si los grupos políticos se posicionan en su valoración final sobre el contenido de los informes técnicos, Retevisión deberá salir de la torre.
Las antenas deben retirarse e incluso es posible que el Ayuntamiento acuda a los tribunales para que sea un juez el que «declare la extinción de las autorizaciones concedidas por acuerdo de Pleno de 11 de mayo de 1982 para la ocupación del edificio municipal» para mejorar la señal de RTVE. También para que se reconozca el derecho del Consistorio a recuperar un bien que está ocupando Retevisión.
Esto mismo fue lo que se acordó en el pleno de noviembre, aunque la sociedad de difusión muestra su desacuerdo. Sostiene que el Ayuntamiento está infringiendo el principio de confianza legítima después de 40 años de colaboración. Curiosamente, no ha abonado ninguna tasa. El asunto se encamina hacia los Juzgados, pero la idea que tiene el equipo de Gobierno es que el plazo de tres meses para el desalojo de las antenas sea firme.
Sobre el efecto que tendrá en «gran parte» de los hogares la retirada de las antenas y la posibilidad de no recibir la señal de televisión, los informes municipales recuerdan que en estos meses Retevisión no ha buscado una solución alternativa sino que se ha limitado a alargar indefinidamente una retirada que viene de muy lejos.
En 2013 ya se abordó un plan para el desalojo de las antenas en el que es uno de los edificios más altos de la capital. De hecho, ya ha llegado a ser conocida como 'torre de las antenas' en lugar de su denominación original. Los vecinos de la Plaza de Italia pidieron en 2016 abrir al público el edificio.
Defendía Retevisión que el reemisor garantiza la cobertura en la mayor parte de Cáceres, por lo que se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos. Los informes apuntan que no se trataba de un servicio municipal, pese a que el Consistorio haya colaborado en todo momento.
El director de Proyectos Estratégicos, en un documento del 4 de febrero, no duda de que la radio y la televisión sean servicios esenciales, pero cree que se puede abordar un nuevo sistema de repetidores. Retevisión no ha ofrecido ni solución ni alternativa: «Esa situación no se puede mantener de forma indefinida como pretenden los interesados».
La postura del Consistorio es que debe velar por el buen estado de conservación de la torre, hoy deteriorada. No se hace responsable de «la eventual interrupción del servicio público» ya que este no es «obligatorio ni de competencia municipal».
El informe de Proyectos Estratégicos reseña que el monumento tiene una «protección integral» en el PGM. Reclama una intervención para la que ya hay una propuesta y alude a que el inmueble «se encuentra en malas condiciones» con «un patente deterioro» por filtraciones, desperfectos por humedades y oxidaciones en elementos metálicos.
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