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Sergio Lorenzo
Cáceres
Martes, 26 de septiembre 2017
«Me he retirado de la acusación porque están linchando a Carmen Heras. Es injusto porque cuando fue la alcaldesa, ella sí intentó acabar con el problema del ruido que tenemos en La Madrila. Me parece increíble que esto haya ido por la vía penal y se le pida cárcel Es injusto», afirma al Diario HOY Pilar Bacas, la vecina que ha retirado su acusación dentro de la Asociación Cacereños Contra el Ruido, y por tanto renuncia a una posible indemnización económica.
La escritora y profesora formaba parte de los 14 vecinos de La Madrila para la que la Asociación Cacereños Contra el Ruido pedía un total de 297.000 euros de indemnización por haber soportado la contaminación acústica, que según el citado colectivo, ha minado la salud de vecinos. Ella ha renunciado a cualquier indemnización al considerar que el caso se ha politizado y ha desembocado en una persecución a Carmen Heras.
«Todo lo que estoy diciendo ahora lo diré cuando declare en el juicio», afirma Pilar Bacas, que recalca que el problema del ruido es de antes de que estuviera la alcaldesa socialista. «El problema sigue existiendo, yo vivo en la calle Doctor Fléming y tengo dos locales que están generando ruido y molestias», agrega la vecina.
El juicio del ruido, asimismo, siguió ayer con su cuarta jornada, en la que declararon tres hosteleros acusados: Francisco S. B., representante del Maquiavello; Sergio T. G., gerente de Latinos y Agustín N. A. gerente de La Belle. Los tres locales están cerrados.
El gerente de Latinos señaló que era injusto que le hubieran cerrado el local. «Es que cuando el Seprona hizo las mediciones, a las cuatro de la madrugada, nosotros estábamos cerrados, porque cerrábamos a las dos de la madrugada para poder volver a abrir a las seis». Declaró que insonorizó el establecimiento en el año 2002, «y no se podía haber hecho mejor».
Le precintaron el local ocho meses y afirma que supuso para él la ruina porque el dueño del local le siguió exigiendo que le pagara todos los meses el alquiler de 4.200 euros. Dijo que los fines de semana tenía 16 personas trabajando y que dos de ellas se dedicaban a controlar que no saliera ruido a la calle, vigilando las dos puertas del local.
Por su parte, el gerente de La Belle, en la Madrila Alta, declaró que en el local no tenía limitador porque el equipo de música era poco potente y cuando había conciertos eran en acústico, sin baterías ni guitarras eléctricas. Especificó que el local, que estaba en la calle Niza, era pequeño, de unos 70 metros cuadrados («la mitad de la sala del juicio») y que no podía entrar mucha gente para ver los conciertos o actividades culturales, algunas de las cuales estaban potenciadas por la administración, según recordó ayer.
Insistió en que en la zona de la Madrila Alta podía haber 1.500 personas en la calle haciendo ruido, algunas participando en botellones en la Plaza de Bruselas, o en terrazas. También recalcó que cuando se cerró al tráfico la Madrila Baja, en la Madrila Alta se acumuló más ruido de coches y más gente.
Agustín N. A. aseguró que el Ayuntamiento nunca le dijo que tuviera denuncias, y afirmó que desconocía que hubiera vecinos que se quejaban del local. Sobre las denuncias sobre molestias por conciertos, indicó que hubo una época que un hostelero se dedicó a denunciar las actividades en otros locales, ya que le prohibieron hacer conciertos en una cochera que tenía en la Ciudad Monumental. «Nos denunciaba a todos». Hoy sigue el juicio.
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