«Por la tramitación que lleva el aeródromo de Cáceres parece que fuera el aeropuerto de Bangkok»

Se anunció en 2014 con una inversión de 4,4 millones de euros y ocho años después no está ni el proyecto ni se ha puesto un solo ladrillo. El aeródromo de Cáceres sigue a la espera, una situación ya conocida pese a que las cuentas de la Junta de Extremadura para 2022 contemplan una partida de 150.000 euros con otros casi 8,5 millones para los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024. El PP ha denunciado esta mañana la falta de voluntad política del Ejecutivo regional para impulsar una infraestructura que considera «vital» para la capital cacereña. También han criticado los populares el «silencio cómplice» del alcalde, Luis Salaya, al haber sacado de su agenda de prioridades esta dotación y defender más los intereses del PSOE que los de la ciudad, según el portavoz municipal del PP, Rafael Mateos. Junto a él ha comparecido el diputado regional, Víctor del Moral.

«Dice la directora general de Transportes que la Junta está cumpliendo. Que se ha pedido información adicional sobre el aeródromo. Hablamos de una pista de 1.600 metros. Pero por la tramitación que lleva esto parece el aeropuerto de Frankfurt o el aeropuerto de Bangkok. Como si fuera a aterrizar en los Arenales un Boeing 747», analiza Del Moral.

El parlamentario del PP, portavoz en materia de Movilidad en la Asamblea, alude a los incumplimientos que se están produciendo con esta infraestructura. Sostiene que en diferentes ejercicios se han llegado a presupuestar 265.000 euros solo para el estudio ambiental. El documento se adjudicó por unos 29.000 euros a Geprecon, Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, una mercantil con sede en Valladolid. Hubo 17 ofertas.

Lo que ha dado a conocer el PP es una respuesta oficial del Gobierno central a una pregunta escrita presentada en el Senado. En la misma se indica que el procedimiento de evaluación ambiental del aeródromo de Cáceres, iniciado el 23 de septiembre, no se había podido completar porque «durante el análisis formal del expediente de información pública del proyecto se concluyó» que faltaban al menos cinco informes. Alude la respuesta del Ejecutivo central a un informe de Medio Ambiente de la Junta, el informe de patrimonio cultural, otro de los órganos con competencia en prevención y riesgos que se derivan de accidentes graves o catástrofes, el informe de planificación hidrológica y un último documento relativo a salud pública. La respuesta es del 15 de diciembre y se da un plazo de tres meses «para poder continuar con la tramitación».

Lo que había ocurrido, tal y como informó HOY el pasado 9 de noviembre, es que el expediente «llegó incompleto», según admitió el Ministerio para la Transición Ecológica. La propia Junta de Extremadura indicó que desde el Ministerio se había «requerido subsanación de información» a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). Vino a decir Transición Ecológica que el expediente se devolvió a otro Ministerio, el de Movilidad, al llegar incompleto. No obstante, la versión del PP es que la responsabilidad es de la Junta y concretamente de la directora general de Transportes.

«La respuesta ofrecida debería haber supuesto el cese de la directora de Transportes. No puede haber más dejación. Faltaban informes de Medio Ambiente, Patrimonio, prevención... La pregunta es: ¿Qué han estado haciendo en este tiempo?», lamenta Víctor del Moral. El diputado ha recordado que la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, decía en 2020 tras reunirse con el alcalde que «no había retrasos. Han pasado dos años y aquí seguimos». «Es una tomadura de pelo», concluye.

El 8 de noviembre la Aesa pidió informes preceptivos que se habían obviado en el expediente. En este caso se apuntaba a los de Medio Ambiente, riesgos de accidentes, patrimonio cultural y planificación hidrológica. «Una vez que se recaben los citados informes, serán remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica», remarcaba el Gobierno central en otra contestación posterior, el 28 de diciembre.

El Ministerio sigue con la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del aeródromo. Transición Ecológica había advertido del uso, en unos 20 años, de aeronaves grandes y de la pérdida de 24 hectáreas de pastizal y hábitats acuáticos.

La tipología de las aeronaves cambiaba de unas de pequeño tamaño y un máximo de 5.000 kilos a otras de hasta 72 pasajeros. Ahora se cumple un año desde que el BOE publicó el anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea relativo a información pública del estudio de impacto ambiental, el 11 de marzo de 2021.

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