El TSJ de Extremadura desestima un recurso para dividir en lotes el servicio de recogida de residuos en Cáceres

En concreto, se solicitaba un lote específico para recoger residuos textiles, un recurso judicial que retrasó el contrato de la basura en Cáceres, ya que el equipo de Gobierno municipal encargó un informe a sus servicios técnicos antes de retomar la licitación del servicio, que finalmente se adjudicó a Valoriza, la única propuesta, por 111 millones de euros.

En el recurso, que se interpone contra una resolución de julio de 2023 de la Comisión Jurídica de Extremadura, se argumenta que no existe motivación basada en datos objetivos para no dividir el contrato en lotes, sino que se trata de cuestiones administrativas y de gestión. No obstante, en la sentencia se indica que «la no división en lotes permite una racionalización organizativa que mejora la ejecución del contrato y reduce el coste de la prestación de estos servicios». Por ello, el TSJ considera que sí se exponen «razones objetivas» que justifican la decisión.

En el fallo se refiere un informe del servicio de inspección municipal del Ayuntamiento de Cáceres fechado el 22 de marzo de 2023. En este documento, por una parte se incluyen los argumentos de un informe anterior, de 9 de febrero de 2021, en el que se indican razones como la necesidad de mantener la homogeneidad, la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores, la optimización de medios humanos y materiales y la calidad en la prestación de servicios y la complejidad que supondría la coordinación del contrato con una pluralidad de contratistas.

Por otra, se amplían las justificaciones, argumentando que causaría la duplicación de medios humanos, equipos y materiales, lo que supone más gasto y una organización más compleja; que la normativa de residuos incluye los textiles como una fracción más dentro de los residuos domésticos y que, de separarse, «llevaría a una estructura claramente inoperante y llena de duplicidades en costes de estructura, de maquinaria y de personal, que la harían enormamente gravosa para el ciudadano».

La sala también considera que la amplitud del contrato supone un hándicap para estimar la tesis del recurso, ya que según este planteamiento debería dividirse en tantos lotes como residuos son objetos de recogida y tratamiento, «lo que parece muy poco operativo», añade.

Asimismo, respecto a la falta de reserva prevista en la Ley 7/2022, la sentencia fundamenta que «al no existir lotes, en concreto, uno que se refiera a la prestación de la gestión de residuos textiles de forma diferenciada, tampoco resulta posible la reserva, careciendo de sentido motivar una excepción a una obligación legal de imposible cumplimiento al haberse configurado el objeto del contrato sin dotar a la citada prestación de entidad diferenciada».

En Cáceres, hay 50 contenedores de ropa usada que se gestionan a través del contrato de recogida, y 30 contenedores de gestión privada, quedando a decisión del usuario dónde deposita la ropa y cumpliendo el criterio de no exclusividad del servicio, recoge la sentencia. Según este informe, no se justifica la separación por no tener especiales características que pudieran precisar e operaciones de alta especialización, y por representar cuantitativamente menos de un 0,5% del conjunto de los residuos objeto de contrato.

La sala también analiza que la memoria del contrato refleja que los costes de personal suponen más del 70% de los costes directos. «Evidencia, sin necesidad de analizar otros medios compartidos por todos los servicios de recogida de residuos, el carácter antieconómico de la división en lotes».

La sentencia no es firme, por lo que cabe recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.