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El conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Cáceres y una vecina del Barrio de San Antonio, que ha denunciado al Consistorio por las molestias ... que los visitantes al baluarte de los Pozos le generan en su propia vivienda, ha abierto el debate sobre la turistificación –término que hace referencia al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades, según la Fundación del Español Urgente (Fundeu)– y el equilibrio entre los residentes y los turistas.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres ha desestimado recientemente el recurso interpuesto por la residente del Barrio de San Antonio, que se quejaba por un lado del ruido que tenía que soportar dentro de su propia casa y, además, de la vulneración de su intimidad. Su vivienda linda con el baluarte de los Pozos. Tiene dos ventanas que dan, en concreto, a la torre de El Olivar, que forma parte del baluarte, visitable y dependiente del Consistorio. La vecina pedía que se cerrara a las visitas esta torre.
Aunque contra el fallo del juzgado no cabe recurso ordinario, la afectada ha anunciado que presentará un recurso excepcional ante el Tribunal Supremo por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Este caso recuerda, en cierta medida, a lo acontecido en 2007 no demasiado lejos del lugar de la polémica: en el entorno del Olivar de la Judería. La instalación de una escalera metálica para comunicar Miralrío con este coqueto espacio verde elevado confrontó también al Consistorio y a los residentes de la zona. En este caso, la queja venía motivada por una cuestión de seguridad.
En junio de ese año el Ayuntamiento colocó una plataforma metálica en Miralrío para dar un nuevo acceso al Olivar de la Judería. El proyecto se enmarcó dentro de una actuación más ambiciosa llevada a cabo en la base de los Torre de los Pozos consistente en hacer visitable su aljibe. Toda la intervención, costeada con fondos del programa Urban Calerizo, costó 81.000 euros.
Las quejas no tardaron en llegar. Y seis meses después de su instalación el Ayuntamiento decidió vallar la escalera metálica, que también despertó las críticas de asociaciones como Adenex por su impacto en el entorno de la muralla. Tardó en retirarse cuatro años.
En este caso los vecinos de las casas anexas a la escalera alertaron al Ayuntamiento de que se sentían inseguros, ya que el último tramo de peldaños estaba a la misma altura que los tejados de sus viviendas. Denunciaron, incluso, que habían sufrido robos y recogieron firmas. El Consistorio atendió su petición.
Esa protesta vecinal estuvo encabezada por José María Ojalvo, Cesárea Cervigón y otros residentes, que recogieron firmas respaldando su causa. Según contó a este diario, Cesárea sorprendió a varios desconocidos en el interior de su vivienda. «No estamos tranquilos. Han robado hasta a los albañiles», según contó en su momento uno de los residentes.
La colocación del vallado calmó los ánimos, ya que se impidió el uso de las escalera metálica. Pero su retirada se hizo esperar. El plazo fue tan dilatado que Adenex criticó en el año 2010 que el Ayuntamiento no retirara la escalera. Pero el Consistorio argumentó que desmontar una estructura así tenía un coste y que había que buscar el dinero para hacerlo. Se eliminó en 2011.
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