Consumo abre expedientes a grandes gestoras de pisos turísticos por dar información engañosa

No es la primera vez que el Ministerio de Consumo pone el foco en este asunto bajo la convicción de que está generando problemas a nivel económico y social por la repercusión en el precio de la vivienda residencial. El pasado 18 de diciembre Bustinduy anunció la apertura de un expediente sancionador contra Airbnb por no retirar «miles de anuncios» de pisos turísticos que no tenían licencia para ejercer esa actividad.

Aunque no se detallan cuántas empresas serán expedientadas ni sus nombres, el departamento de Bustinduy establece estas prácticas como infracciones graves, lo que puede suponer multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa.

El proceso de análisis y expedientes para paliar el auge sin control de los pisos turísticos comenzó hace casi un año, cuando en junio de 2024 el Ministerio de Consumo abrió una investigación contra plataformas de pisos como Airbnb por dar cabida a anuncios sin licencia. Bustinduy pidió ayuda poco después a los ayuntamientos y entidades autonómicas para investigar en común los anuncios de este tipo de alojamientos para llegar al fondo de la cuestión antes de abrir expedientes sancionadores.

Asimismo, estas prácticas se considerarían engañosas de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, donde se detalla que «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional», así como «presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario» son acciones contrarias a la normativa.