Antonio Fernández renuncia al cargo de consejero de Economía de la Junta

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, Antonio Fernández, ha presentado su renuncia al cargo. Durante la reunión de ayer del Consejo de Gobierno comunicó su decisión de dimitir, pero el paso definitivo no se dará hasta la próxima semana. En principio, está previsto que se haga oficial el lunes.

La renuncia de Antonio Fernández se produjo sólo un día después de que entrase en vigor un decreto firmado por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, por el cual se retiraba a Economía y Hacienda la gestión exclusiva de la política financiera.

Este decreto mantiene en Economía las mismas competencias, pero «sin perjuicio de que por Consejo de Gobierno se pueda atribuir el conocimiento de asuntos concretos en esta materia a otras consejerías». El Ejecutivo autonómico señaló que «se trata de un reajuste competencial para dar más flexibilidad organizativa en materia financiera», pero sin aclarar qué se pretende ni a qué campos concretos afecta. Política financiera incluye todo lo relativo a cajas de ahorros, cooperativas de crédito (cajas rurales), secciones de crédito de cooperativas y demás entidades de crédito, así como los acuerdos marco de financiación a suscribir por la Junta de Extremadura con bancos y cajas. En la actualidad está encomendada a la Dirección General de Presupuestos.

La decisión de Antonio Fernández no se debe exclusivamente a la aprobación de este decreto, que en la práctica supone retirarle una de las competencias más importantes de la gestión económica. Pero, según ha podido saber este diario, ha supuesto un empujón definitivo a su salida del Ejecutivo extremeño. Aunque también hay cuestiones personales que explican la marcha del consejero de Economía.

Además, HOY ha podido saber que la retirada de las competencias exclusivas en materia de política financiera guarda relación con el interés del Ejecutivo autonómico en controlar el rumbo de Caja Rural de Extremadura tras la ruptura de la fusión con las cajas de Sevilla y Córdoba en Caja Rural del Sur.

La Junta ya ha modificado por decreto ley la norma autonómica que regula las cooperativas de crédito con el objetivo, entre otras cuestiones, de garantizar que cualquier operación de fusión o absorción deba tener la autorización del Consejo de Gobierno. Esta reforma aún está pendiente de aprobación definitiva, lo que tendrá lugar el próximo 26 de junio en el Parlamento regional con el debate de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios. Sólo dos días después se celebrará una asamblea clave en Caja Rural de Extremadura, donde se debatirá sobre el cese o la continuidad del consejo rector y del director general de la entidad.

La manera en que la Junta tutela la Caja Rural habría generado dos corrientes diferenciadas en el Consejo de Gobierno. Por un lado, la postura de Antonio Fernández; y por otro, la figura de la vicepresidenta, portavoz y responsable de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, quien habría ganado el pulso con la retirada de las competencias exclusivas en política financiera a Economía.

Así se explica además uno de los acuerdos tomados ayer en el Consejo de Gobierno, en el que se decidió atribuir a la Consejería de Administración Pública las competencias en materia de tutela que la Junta tiene para la asamblea de socios que Caja Rural de Extremadura celebrará el citado día 28.

Este asunto no se incluyó en la reseña del Consejo de Gobierno. Tampoco se convocó la habitual rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos tomados.

Catedrático de Economía

La marcha de Antonio Fernández supone la despedida de un consejero que llegó a la Junta con la etiqueta de independiente y con la valía que le concedía su brillante currículum académico.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y doctor por la Universidad de Sevilla, desde 1993 es catedrático en Economía Financiera y Contabilidad. Ha dado clase en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Extremadura, donde ocupó el cargo de decano durante catorce años. Es también censor jurado de cuentas por oposición.

Durante su gestión la Junta de Extremadura ha conseguido cuadrar sus cuentas, cumpliendo con el techo de déficit marcado por el Gobierno central sin necesidad de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). También se ha logrado la mejora de la calificación de la deuda extremeña por parte de las agencias de referencia.

Entre los trabajadores de su consejería había corrido en las últimas semanas el rumor de que no pensaba repetir en el cargo en caso de que el PP repitiera victoria en las elecciones autonómicas del próximo año y que le ofrecieran de nuevo el puesto. Pero ha adelantado su decisión con una renuncia que supone el tercer cambio de gobierno de Monago después de las dimisiones de Jerónima Sayagués (en febrero de 2012) y de Francisco Javier Fernández Perianes (en mayo del mismo año), en ambos casos como responsables de Salud y Política Social.

Ahora se produce una marcha inesperada, a menos de un año de las elecciones, con un cambio de competencias de por medio y con el ruido de fondo de las luchas por controlar Caja Rural de Extremadura.