La Junta busca cómo compensar el dinero perdido por la anulación de la ecotasa

La Junta de Extremadura afirma que la anulación de la ecotasa por el Tribunal Constitucional estaba prevista y que ya trabaja en nuevas medidas que compensen una posible pérdida de recaudación.

El Constitucional dictó el pasado lunes una sentencia que anula tres artículos del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ecotasa, según la redacción que se dio en 2005 después de que el Gobierno recurriera la norma original del año 1997. Los tres artículos anulados suponen la esencia del tributo, ya que regulan por qué se paga (las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica), sobre qué se paga (la producción en kilowatios hora) y cuánto se paga (esa producción multiplicada por una cuota).

El fallo no tiene efectos retroactivos y sólo afecta a recursos que sigan pendientes, pero en la práctica impide que se pueda seguir cobrando por este impuesto. El Presupuesto autonómico de 2015 prevé unos ingresos de 99 millones de euros por la ecotasa.

La vicepresidenta, portavoz y consejera de Economía de la Junta, Cristina Teniente, señaló ayer en una visita a Madrigalejo que la anulación de la ecotasa estaba prevista entre los escenarios que manejaba el Ejecutivo autonómico, según recoge Europa Press. La sentencia parte de un auto del Tribunal Supremo, que en el año 2013 alertó sobre la inconstitucionalidad del impuesto extremeño al advertir que suponía una doble imposición con el impuesto de actividades económicas(IAE) que ya cobran las entidades locales.

Teniente apuntó que la Junta ya trabaja en nuevos instrumentos que compensen los ingresos que ahora dejarán de percibirse para que el fallo no afecte al Presupuesto regional de este año.

La vicepresidenta señaló que el de Extremadura es un gobierno serio que «acepta y respeta» las resoluciones judiciales, en este caso desfavorable para los intereses de la región, y que tiene su origen en la «herencia socialista, en este caso envenenada». Como recordó, el PP ya advirtió sobre el posible carácter inconstitucional de este impuesto regional cuando se aprobó, aunque también es cierto que en el año 2012 subió la cuota para aumentar la recaudación, que el pasado año llegó a 97 millones de euros. «Pero ahora no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar hacia delante para encontrar las soluciones que sean las mejores para el conjunto de los ciudadanos», añadió.

En cualquier caso, pidió prudencia ante una sentencia que se notificó el pasado jueves y que los servicios jurídicos de la Junta aún están analizando para evaluar todas sus consecuencias.

Debate político

Las grandes empresas productoras de electricidad de la región no han querido valorar la sentencia del Constitucional, pero sí han mostrado su postura los partidos con representación parlamentaria.

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, apuntó ayer que la decisión de anular la ecotasa supondrá un aumento del déficit de este año. El objetivo para 2015 es del 0,7% del Producto Interior Bruto, estimado en 16.900 millones de euros. Tal como se recoge en el Presupuesto autonómico de este año, eso supone una desviación de 118,3 millones de euros entre ingresos y gastos. La previsión era ingresar por la ecotasa 99 millones de euros, lo que equivale al 0,5856% del PIB. Es decir, el 84% de todo el déficit del año.

Por ese motivo, considera que se debe solicitar ya al Ministerio de Hacienda que tenga en cuenta el impacto de la sentencia para un presupuesto ya aprobado con el objetivo de que se flexibilice el objetivo de déficit y no haya que hacer recortes adicionales.

Junto a esto, Fernández Vara ofreció su colaboración al Ejecutivo regional para que se pueda redactar una nueva ley que permita al menos ingresar la parte que corresponda a la mitad de 2015. Recordó que el PSOE creó la ecotasa, el impuesto bancario y el impuesto de solares sin edificar para que la región contribuyera a reducir su déficit fiscal respecto a otras comunidades. A su juicio, «las empresas eléctricas tienen que pagar en Extremadura».

Por su parte, Francisca Rosa, portavoz del PP extremeño, mostró tranquilidad a la espera de que los servicios jurídicos de la Junta estudien la sentencia que anula la ecotasa, que calificó como «una herencia envenenada de los socialistas».

Según apuntó Rosa, el Ejecutivo de José Antonio Monago «conseguirá que los efectos de esta sentencia sean los menos perjudiciales para los extremeños».

Pedro Escobar, de IU, recalcó que la sentencia del Constitucional es una «mala noticia para Extremadura», una comunidad que, a su juicio, «tenía derecho» a cobrar este impuesto por ser una potencia en producción de electricidad. Por ese motivo, espera «una reacción enérgica y fuerte» del Ejecutivo regional.

Para el coordinador de IU en Extremadura, el fallo demuestra la necesidad de «una reforma fiscal global que armonice la fiscalidad entre las comunidades».

Por último, Damián Beneyto, de Prex-Crex, afirmó que con la sentencia Extremadura «se va al traste». Según recoge Efe, indicó que «aquí resulta que no se puede poner una refinería, pero ahora tampoco se puede cobrar la ecotasa porque según el Tribunal Constitucional es un impuesto doble que ya se cobraba». A su juicio, España debe compensar a Extremadura, ya que los 99 millones de euros que están en el presupuesto de este año no se van a poder materializar.