La Junta pedirá al TC que aclare si la ecotasa es legal desde 2009

La Junta de Extremadura pedirá al Tribunal Constitucional una aclaración sobre la sentencia que anula el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ecotasa . El Ejecutivo autonómico quiere conocer si su interpretación del fallo es la correcta, lo que evitaría nuevas resoluciones en su contra en el futuro, o si cabe la posibilidad de que el tributo extremeño siga generando controversia.

La ecotasa fue creada en 1997, pero el Gobierno planteó un recurso de inconstitucionalidad al estimar que invadía un tributo municipal, el impuesto de bienes inmuebles (IBI), al gravar las instalaciones dedicadas a producir energía eléctrica.

En 2005 se llegó a un acuerdo por el cual la Junta modificó el hecho imponible para centrarlo en la actividad de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica. El Gobierno retiró su recurso, pero el litigio llegó al Constitucional, que anuló el tributo en su redacción original al entender que invadía una materia reservada a corporaciones locales, algo expresamente prohibido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Sin embargo, la nueva redacción no evitó que las compañías productoras siguieran recurriendo contra el gravamen. Uno de estos procedimientos, iniciado en 2007, llevó la semana pasada al Constitucional a anular tres artículos de la ley que regula la ecotasa desde 2005, los tres que recogen la esencia del tributo.

Para el tribunal, el impuesto extremeño sigue invadiendo una materia reservada a entidades locales. Ya no se trata del IBI, sino del impuesto de actividades económicas. Pero precisa que su resolución sólo afecta al momento en que se presentó el citado recurso, en 2007. No valora sus efectos con la modificación de la LOFCA que se llevó a cabo en 2009. Donde antes se hablaba de materias imponibles, un concepto mucho más amplio, se cambió por hechos imponibles, más concreto . Se pretendía así dar facilidades para crear tributos autonómicos.

Por lo tanto, la Junta de Extremadura considera que la decisión del Constitucional sólo afecta a la ecotasa entre su reforma del 2005 y la modificación de la Lofca del 2009, que además tuvo efectos a 1 de enero de ese año. De esa forma, sólo cabría hablar de un impuesto mal cobrado en 2006, 2007 y 2008.

La interpretación de los servicios jurídicos de la Administración regional no es descabellada, sino que se basa en la literalidad de la sentencia. Pero el fallo del Constitucional deja una puerta abierta a nuevos recursos, ya que evita hacer mención a la legalidad o ilegalidad de la ecotasa tras la Lofca del 2009.

Además, la sentencia plantea otras causas de anulación al señalar que el impuesto extremeño no responde al objetivo por el que se creó, penalizar las actividades contaminantes. Por ejemplo, indica que sólo afecta a la producción eléctrica, no a otras fuentes de contaminación, o que no propone que paguen más las instalaciones más antiguas por ser más dañinas para el medio ambiente.

Por ese motivo, los servicios jurídicos están preparando un escrito que se enviará al Tribunal Constitucional para conocer su postura y evitar que en el futuro haya que devolver dinero por las liquidaciones de los últimos años.

La Junta quiere aclarar si la ecotasa es legal actualmente, lo que puede ser crucial de cara a la negociación que se establecerá con las compañías eléctricas para devolver lo que se cobró de 2006 a 2008.

Para ello, primero será necesario evaluar cuánto dinero habría que reingresar. La sentencia sólo afecta a recursos pendientes de resolución, por lo que primero hay que conocer cuántas liquidaciones fueron recurridas, cuántas siguen en los tribunales, en qué medida se pueden ver afectadas por el fallo (una parte del hecho imponible, referente a las redes de distribución, no ha sido anulada) y qué intereses cabría aplicar.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública señala que se puede tardar semanas en conocer una cifra exacta. En los años citados se facturó 78 millones por la ecotasa, pero ni todo fue recurrido ni todo lo recurrido se mantiene en los tribunales. Una primera estimación señala que habría que devolver de 30 a 40 millones de euros, pero hay que comprobar ese dato.

La siguiente cuestión será la fórmula de devolución. El Ejecutivo autonómico ya ha señalado que hay muchas opciones. Entre ellas, compensar la deuda con lo que haya que ingresar en el futuro. Pero sería a plazos para evitar efectos negativos en las cuentas públicas. De ahí que sea clave la negociación y que se plantee que, si no llega a buen puerto, la ecotasa podría subir en 2016.