Tres de los condenados por el caso Plasencia deberán entrar en prisión

Dos años y un día de cárcel es la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres a tres de los seis condenados por el llamado caso Plasencia: la exalcaldesa Elia María Blanco, el exedil Enrique Tornero y el constructor José Antonio Romero Vega. El hecho de que se superen los dos años supone que hay que cumplir la condena con el consiguiente ingreso en la cárcel.

«Da igual que haya sido un día o tres meses, porque al superar los dos años las condenas se tienen que cumplir, por lo que hay que ingresar en prisión», explica José María Gómez, abogado de Elia Blanco.

Será la titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia, Marta Benavides, la que se encargue de ejecutar la sentencia dictada por la Audiencia. «Lo puede hacer en el momento que quiera; primero solicitará que se abone la cuantía en concepto de responsabilidad civil y, después, el cumplimiento de las penas impuestas», agregó el letrado.

En total, 18.091,67 euros que poco tienen que ver con los 248.590 en que el Juzgado de lo Penal fijó la cuantía por responsabilidad civil, es decir, lo que los condenados tienen que reembolsar en las arcas municipales. Porque la Audiencia ha determinado que en una de las siete obras del proceso -la del mantenimiento de las instalaciones deportivas- no está probado que hubo fraccionamiento y en el resto el perjuicio económico para las arcas públicas fue mínimo.

«Es por eso difícil de creer que alguien vaya a estar ocho años en un ayuntamiento para defraudar 18.000 euros», señala José María Gómez. «Por eso creo que jurídicamente esta sentencia es una atrocidad; será un error administrativo o un desajuste en las cuentas, pero desde luego no es un delito de fraude».

No comparte el letrado que su defendida tenga que entrar en prisión por permitir, según la sentencia de la Audiencia, porque Blanco era quien daba finalmente el visto bueno a las propuestas de gastos, que se trocearan obras para poderlas adjudicar directamente al constructor José Antonio Romero Vega en lugar de sacarlas a concurso público, como se debería haber hecho por su cuantía económica. Además de a dos años y un día de cárcel, la Audiencia condena a la exalcaldesa también a ocho años y un día de inhabilitación por el delito de fraude, y a ocho años, seis meses y un día por el delito continuado de prevaricación.

Barbancho y Raimundo

Son las mismas penas que impone al exconcejal Enrique Tornero y muy similiares a las del constructor, puesto que por prevaricación le rebaja la inhabilitación a Romero Vega a cinco años, tres meses y un día.

Son menores que las fijadas por la jueza de lo Penal porque la Audiencia les aplica el atenuante de dilaciones indebidas -un retraso no justificado en la resolución del proceso judicial; no porque entienda que son menos culpables.

Nada tiene que ver su situación con la del resto de los acusados del caso Plasencia. La regionalista Mónica García mantiene su condena por un delito continuado de prevaricación -ocho años, seis meses y un día- y el exconcejal socialista Pablo Sánchez del Mazo, que llegó a la Audiencia también solo acusado de prevaricación, ha sido absuelto.

También la situación ha mejorado con creces para Francisco Barbanco y Blas Raimundo, porque además de la inhabilitación por prevaricación se enfrentaban a penas de cárcel por fraude, según la sentencia del Juzgado de lo Penal; en el caso de Barbancho, además, a dos años y tres meses de prisión, por lo que también habría ingresado.

Sin embargo, la Audiencia ha estimado en parte los recursos de ambos y a los dos les ha absuelto de fraude, dejando solo inhabilitación por prevaricación. Porque frente a lo ocurrido con el resto de obras, la que les ha llevado a ambos a estar condenados inicialmente por fraude fue la del aparcamiento de las huertas de la Isla. Y la Audiencia considera que si bien se evitó la licitación pública en esta obra, o más bien se simuló también para adjudicar los trabajos de forma directa a José Antonio Romero Vega, teniendo claro que se trató de una única actuación y su precio rondó los 100.000 euros, el objetivo de los ediles no fue defraudar a las arcas públicas. Esta obra contaba con un presupuesto elaborado por los técnicos municipales y la obra ejecutada por Romero Vega supuso un pequeño abaratamiento con respecto al mismo.

La Audiencia, por tanto, ha variado y mucho la situación de los acusados. Son las defensas de los tres condenados a penas de cárcel las que estudian ahora cómo continuar su lucha judicial. «Aún no tenemos tomada niguna decisión, pero estamos estudiando las vías que tenemos, como es la de recurir en amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitar mientras se resuelve el recurso que paralice la suspensión de la pena, por tanto que mi defendida no tenga que entrar en prisión». También analizan la opción de solicitar un indulto ante el consejo de Ministros. «Es la otra vía que analizaremos», confirma el letrado.

Gómez aclara al respecto que son las opciones que tienen los tres condenados a prisión y que ninguna de ellas, no obstante, evita que la jueza de lo Penal de Plasencia ejecute la sentencia del tribunal provincial. Las defensas tienen 30 días de plazo para presentar sus recursos ante el Constitucional.