El juzgado decreta el ingreso en prisión de la exalcaldesa de Plasencia

La titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia, Marta Benavides, ha dictado un auto de ingreso en prisión para los tres condenados por el caso Plasencia a los que la Audiencia Provincial de Cáceres ratificó, aunque rebajó, las penas de cárcel. En concreto, condenó a dos años y un día a la exalcaldesa Elia María Blanco , el exedil Enrique Tornero y el constructor José Antonio Romero Vega, por un delito continuado de fraude.

En el citado auto la magistrada explica que la sentencia de la Audiencia ya es firme y que, por tanto, solo queda proceder a su ejecución. En el caso de Elia María Blanco, por el delito de fraude, la jueza ordena que se le entregue la orden de ingreso en prisión, para que lo haga voluntariamente en el centro penitenciario de Cáceres en el plazo de cinco días naturales, una vez le sea entregado el mandamiento, «con apercibimiento que en caso contrario se darán las órdenes oportunas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Asimismo, como pena por el delito continuado de prevaricación, requiere a la exalcaldesa de Plasencia para que proceda al abandono inmediato del cargo o empleo público que pudiera estar desempeñando, así como que se abstenga del ejercicio del mismo u otros análogos, «en particular los que impliquen el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección popular durante el tiempo de esta condena, con apercibimiento de que en caso contrario incurrirá en un delito de quebrantamiento de condena».

La magistrada dispone lo mismo para los otros condenados a penas de prisión: Enrique Tornero y José Antonio Romero Vega.

Por lo que respecta a los demás condenados por el caso Plasencia los exconcejales socialistas Francisco Barbancho y Blas Raimundo, y la exedil regionalista Mónica García la titular del Juzgado de lo Penal les ordena lo mismo que a los otros tres en lo que respecta al abandono de cargo público. Porque los tres han sido condenados por un delito continuado de prevaricación. Los dos primeros llegaron a la Audiencia de Cáceres condenados también por un delito de fraude, por lo que se enfrentaban a penas de cárcel, pero este tribunal les absolvió del mismo.

No obstante, tal como detalla el auto de Marta Benavides, contra el mismo cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días siguientes a su notificación. Ésta aún no se ha producido, porque los penados deben recoger primero el auto.

En cualquier caso, la sorpresa generada por el mismo fue ayer mayúscula entre todas las partes implicadas en el llamado caso Plasencia. Puesto que las defensas de los condenados a penas de cárcel aún estaban decidiendo cómo actuar tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, puesto que al tratarse de una condena superior a los dos años les obligaba a entrar en prisión. De hecho, tal como explicó recientemente en HOY el abogado de la exalcaldesa, estaban estudiando dos vías posibles. Por un lado, recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitar mientras se resolvía el recurso que se paralizara la ejecución de la pena, para evitar precisamente el ingreso en prisión. También analizaban la opción de solicitar un indulto ante el Consejo de Ministros. «Es la otra vía que estudiamos», adelantó el letrado José María Gómez.

Sin embargo, también dejó claro que ninguna de estas vías evitaba que la jueza de lo Penal de Plasencia ejecutara la sentencia del tribunal provincial. Y así ha sido. La magistrada ha decretado ingreso en prisión y abandono de cargo público en su auto de ejecución de sentencia, y también ha ordenado que se paguen las cantidades a las que han sido condenados en concepto de responsabilidad civil. En total, 18.091,67 euros.

La exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco, ha aseverado hoy a EFE que "no se llevó nada" y que no esperaba "tanta celeridad" en la emisión del auto de ingreso penitenciario.

"Después de cuatro años de proceso y de esperar ocho meses para la sentencia, ahora no nos dejan ni respirar para preparar las cosas", ha afirmado Blanco en alusión al citado auto de prisión, el cual, según ha anunciado, será recurrido por su abogado.

Con este auto culmina un proceso judicial que arrancó en diciembre de 2009 con la denuncia de dos concejales del PP, entonces en la oposición del Ayuntamiento de Plasencia, cuando pusieron en conocimiento de la Fiscalía el supuesto troceo de obras para evitar su licitación pública y adjudicarlas de forma directa al mismo constructor. Una forma de actuar que ha sido ratificada en seis obras en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Cáceres y que ha supuesto la condena de Blanco, Tornero y Romero Vega por fraude y prevaricación; y de Barbancho, Raimundo y García solo por prevaricación.