Andalucía lamenta el cierre de Aguablanca y se pone a disposición de Extremadura

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha lamentado hoy la decisión empresarial del cierre de la mina de Aguablanca y ha resaltado la disposición del Gobierno andaluz de aportar a la Junta de Extremadura todo su conocimiento en el sector por si puede servir de ayuda.

En una rueda de prensa, el delegado ha hecho hincapié en la pérdida de empleo que conlleva esta decisión, incluso para la provincia de Huelva, ya que son numerosos los vecinos de Cala y Santa Olalla del Cala que trabajan en esta explotación.

Asimismo, el delegado ha lamentado que la empresa lleve al cierre a estas instalaciones esgrimiendo "motivos empresariales y dejando al margen el tema social, como el empleo que se destruye".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva, José Luis Ramos, ha afirmado que su grupo pedirá al Gobierno que informe sobre este proceso, a través de una moción que elevará al próximo pleno del ente provincial. José Luis Ramos ha mostrado su "solidaridad" con estas familias afectadas y ha anunciado que la localidad de Santa Olalla del Cala celebrará un pleno este mismo lunes para abordar la situación.

En este sentido, ha manifestado su estupor con el Gobierno, que es el que "tiene los derechos mineros en exclusiva", a lo que ha añadido que "en estos años no ha habido ni un solo contacto con la Junta de Andalucía ni con la Diputación", por tanto ha señalado que, a través del pleno, pedirán al Gobierno que "explique el proceso" porque "no es normal que los trabajadores afectados se enteren por los medios de comunicación".

Al respecto también se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE, Jesús Ferrera, quien ha subrayado su preocupación por este anuncio, aunque ha remarcado que "el proyecto de explotación comenzó en 2004 y finalizaba en 2015", por tanto ha indicado que "el cierre no tiene nada que ver con el precio actual de los metales".

No obstante, ha precisado que se trata de una explotación minera "declarada como reserva del estado", por lo que considera que "es el Ministerio de Industria quien tiene que dar las explicaciones necesarias sobre este proceso".

Por último, "si es cierto que en todas aquellas explotaciones mineras declaradas como reserva de estado las empresas que las explotan tienen que pagar un canon, vamos a exigir este canon revierta en los territorios afectados por esta pérdida de empleo".