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EFE
Miércoles, 8 de febrero 2017, 08:36
El obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, dijo ayer, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el decreto de la Junta que reducía las horas lectivas de Religión, que «reconoce los derechos constitucionales de los padres a elegir la educación de sus hijos».
Cerro, a preguntas de los medios de comunicación sobre el fallo del TSJEx, mostró su gozo por él, tras lo que subrayó «la voluntad de diálogo de la Iglesia extremeña por el bien de todos».
El obispo cauriense se sumó a las declaraciones de los obispos de las otras dos diócesis extremeñas, que de manera conjunta presentaron el recurso contra el decreto.
Así, indicó que la sentencia «ha demostrado que el decreto ignoraba la normativa nacional de la Lomce -Ley Orgánica de Mejora e la Calidad Educativa- y los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español».
«Estamos muy contentos con esta sentencia porque han quedado reforzados los derechos de los alumnos, la Iglesia y los padres a elegir que sus hijos estudien libremente religión».
Mientras tanto, la Junta de Extremadura formulará recurso de casación sobre las sentencias en contra de la reducción de horas de clase de Religión, al entender que con el horario introducido no se vulnera «ningún derecho fundamental».
De este modo se pronunció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien apuntó que el decreto sobre horario de la asignatura de Religión no está anulado porque aún existe instancia judicial a la que acudir por parte de la Junta.
«Estaría anulado si ya no tuviéramos ninguna opción más de ninguna otra instancia judicial... Como eso no es así, el decreto no está anulado, no lo anula aunque eso sea lo que diga la sentencia», ha señalado.
En este sentido, explicó que la Abogacía General de la Junta presentará recurso de casación en el plazo de un mes establecido para su interposición, «para seguir legítimamente defendiendo que la ordenación de las horas, el equilibro de las horas introducido es lo correcto».
«Si no tuviéramos esa opción en este momento quedaría anulado (el decreto), pero no puede quedar anulado porque la Junta puede todavía ir a una instancia superior».
Al respecto, Gil Rosiña reiteró que la Junta de Extremadura mantiene un respeto absoluto por la Justicia, al tiempo que insistió en que el Ejecutivo autonómico considera que «no está vulnerando ningún derecho fundamental, como han dicho los tribunales», así como que «puede ejercer la competencia educativa que tiene respetando lo que dice el decreto de mínimos de la legislación estatal en materia de educación y que no está vulnerando los acuerdos con la Santa Sede».
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