El caso Feval llega al banquillo

El 21 de mayo de 2013 agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional detuvieron en Don Benito al exdirector general de Feval, José Luis Viñuela, a su número dos, José Villa, y a su antiguo administrador, Juan Cerrato. En Sevilla y Madrid fueron arrestadas otras cuatro personas, relacionadas con empresas que presuntamente recibieron adjudicaciones ilícitas. Cuatro años y un día después, como si de una condena se tratara, hoy comenzará en Mérida el juicio contra los tres dirigentes de la institución ferial extremeña .

La investigación arrancó mucho antes, con una auditoría encargada en 2009 por la Junta de Extremadura y concluida en junio de 2011, al final de la primera legislatura de Fernández Vara como presidente autonómico. Su sucesor, el popular José Antonio Monago, fue quien dio a conocer las irregularidades detectadas y las comunicó al juzgado. En noviembre de 2011 se llevaron a cabo registros policiales en Feval, pero el caso cobró un nuevo impulso con las detenciones de mayo de 2013.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, acogerá entre hoy y el jueves la vista oral. Hay gran expectación mediática, tanto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha debido acreditar a los profesionales interesados en seguir el juicio, algo poco habitual. Pero es lógico, porque se trata del principal caso de corrupción de la historia reciente de la región.

El fiscal solicita entre 18 años y medio y 21 años y medio de cárcel para José Luis Viñuela, dependiendo de cómo se aplique el Código Penal. El exalcalde de Don Benito y exdiputado autonómico, director general de Feval desde la fundación de la entidad en 1985 hasta su despido disciplinario en 2011, está considerado el principal responsable de los hechos que se investigan, pero no el único. También se piden nueve años y medio de cárcel para José Villa y entre ocho y medio y once y medio para Juan Francisco Cerrato. Como el anterior, estaban vinculados a la institución desde los años 80 y cesaron en sus cargos en 2011, poco después de que se conocieran los resultados de la auditoría.

Caja B y contratos ilegales

La acusación pública aprecia delitos de malversación de caudales públicos, falsificación documental y prevaricación. Considera que en fecha no determinada, pero en todo caso antes de 2004, se empleó una contabilidad paralela de dinero en efectivo que escapaba al control del departamento de administración. Esto producía un descuadre, disimulado con la manipulación de la contabilidad, que la investigación estimó en 182.000 euros entre 2005 y 2009.

Asimismo, recalca irregularidades en adjudicaciones, fraccionamiento y prórroga de contratos a pesar de que los costes eran superiores. También señala que empleados de Feval hicieron trabajos particulares en la finca de Villa y Viñuela.

En cuanto a la acusación particular, el PP de Extremadura solicita para los tres exdirectivos 27 años y siete meses de cárcel, ya que, además de los citados, considera que se produjo un delito de organización criminal. Por último, la propia Feval pide penas que van de nueve años y medio de cárcel para Cerrato y Villa a 19 años para José Luis Viñuela.