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¿Qué ha pasado hoy, 22 de febrero, en Extremadura?
Juan Francisco Cerrato, José Villa y José Luis Viñuela a las puertas de la sala del juicio. :: j. m. romero
Los responsables de Feval niegan que participaran en irregularidades

Los responsables de Feval niegan que participaran en irregularidades

Viñuela y Cerrato afirman que desconocían que existiera una contabilidad paralela y rechazan las acusaciones sobre contratos amañados

Juan Soriano

Martes, 23 de mayo 2017, 07:36

Ni conocían contabilidad paralela ni un supuesto uso de trabajadores en labores privadas ni irregularidades en adjudicaciones de contratos. El exdirector de Feval, José Luis Viñuela, y el antiguo administrador de la entidad, Juan Francisco Cerrato, niegan las acusaciones sobre prácticas corruptas durante su gestión desde los años 80 hasta su despido en 2011. Hoy declarará en la segunda jornada del juicio que se celebra en Mérida el tercer acusado, José Villa, subdirector durante la etapa investigada.

José Luis Viñuela, para quien la Fiscalía pide hasta 21 años y medio de prisión, declaró durante casi dos horas. Sólo respondió a la acusación pública y a su abogado. Desde 1985, cuando se creó el consorcio Feval con la participación del Ayuntamiento de Don Benito, la Junta de Extremadura y las dos diputaciones provinciales, ocupó el puesto de director. También fue alcalde dombenitense y diputado autonómico.

Una de las principales acusaciones del fiscal, basada en la denuncia de varios trabajadores y en la investigación de la Policía, consiste en la existencia de una contabilidad paralela en un documento aparte. Correspondería a entradas de dinero en efectivo (cafetería, bodas, etc.) que después no se trasladaban al registro oficial y que entre 2005 y 2009 habrían causado un descubierto de 182.000 euros. Viñuela afirmó que este trabajo correspondía a la Administración y que su responsable, Cerrato, nunca le advirtió de irregularidades. Sólo tuvo conocimiento de algún problema en abril de 2011, cuando los trabajadores del departamento se negaron a firmar las cuentas de dos sociedades que habían sido creadas en 2009. A su juicio, se debía a la presión política que sufría la entidad con continuas quejas por parte del PP, entonces en la oposición. Entonces preguntó si era verdad, como se decía, que faltaba dinero. Pero nunca supo nada.

Viñuela también negó que empleara a trabajadores de Feval, como jardineros o pintores, en un chalé de su propiedad. Tampoco que contara con un chófer que se encargara de trasladar a este personal a su finca, ni que promoviera la contratación irregular de otra persona para ayudarle ante su mala situación.

Respecto a los contratos, el fiscal preguntó especialmente por la primera fase del centro tecnológico de Feval. Salió a concurso por un procedimiento general al que acudieron tres empresas, pero después se ignoró las ofertas de dos de ellas y se dividió la actuación en tres contratos menores (por debajo de 60.000 euros cada uno), lo que permitió llevar a cabo un proceso negociado sin publicidad. Viñuela dijo ayer que se optó por esta solución «porque se podía hacer», ya que eran objetos distintos. Según la Fiscalía, se mantuvo a la compañía que finalmente fue adjudicataria para favorecerla y se simuló el contacto con otras dos empresas, cuyos responsables han negado su participación. El exdirector de Feval aseguró que vio las invitaciones. «Alguien hizo las cartas y no las envió, desde luego yo no».

Contratos irregulares

El exadministrador de Feval, Juan Francisco Cerrato, para quien la Fiscalía pide hasta once años y medio de prisión, mantuvo una versión similar. Afirmó que no se hizo fraccionamiento de este contrato para favorecer a la empresa seleccionada, sino que se apreció que la ejecución era complicada con un solo procedimiento. También negó que se falsificaran las invitaciones y, como Viñuela, insinuó que la responsable pudo ser la propia adjudicataria.

Cerrato, quien aceptó responder a las preguntas del fiscal y de las defensas de los acusados, reconoció que a partir de este concurso se empezó a cumplir con las normas sobre contratación pública, ya que era una exigencia por estar financiado con fondos europeos. Hasta entonces se recurría a adjudicaciones directas que después se prorrogaban, como con el servicio de limpieza (150.000 euros al año de media) o la instalación de moquetas y expositores para ferias (hasta 465.000). Pero se hacía así porque nadie dijo lo contrario y porque era más práctico.

En cuanto a la contabilidad paralela, afirmó que desconocía el documento con apuntes distintos a los oficiales. El fiscal preguntó por cobros concretos, como dos facturas por bodas servidas por Feval. El administrador afirmó que no lo recordaba, pero no supo explicar por qué estos pagos aparecen en otro escrito que él mismo elaboró.

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