4.000 abogados y procuradores extremeños se movilizan para exigir «pensiones dignas»

Los profesionales del Derecho, a los que se suman otros como arquitectos o ingenieros, afectados por las pésimas pensiones que les dejan las mutuas, reclaman al Gobierno una transición sin discriminación de la Mutualidad al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

«Pedimos que nuestro capital y lo que con él ha ido adquiriendo la Mutualidad pase a la Seguridad Social, seguir cotizando y que nos absorba sin recortes», concreta Pepa Méndez. «No podemos cobrar pensiones que no llegan ni a las contributivas cuando hemos colaborado con nuestros impuestos y cotizaciones a mantener los servicios del estado del bienestar; no puede ser que cuando nos toca jubilarnos, el Estado nos abandone».

Abogados y procuradores culpan además al Gobierno de la situación que atraviesan por un doble motivo, «por habernos obligado a darnos de alta en la Mutualidad cuando nos colegiábamos y por no haber supervisado su funcionamiento», en palabras de la representante extremeña.

Pepa Méndez tiene ahora 60 años. Empezó a trabajar en 1991 como procuradora en la región. «Entonces era obligatoria la colegiación y el alta en la Mutualidad, nuestro sistema de previsión social». Desde entonces, dice, «he venido pagando a la mutua una cuota mensual de cerca de 400 euros al mes». Lleva trabajando 34 años y «cuando me jubile dentro de siete, a los 67 años, la pensión que me quedará ronda los 300 euros al mes».

Desde que ella comenzó a trabajar la situación ha cambiado. En 2000 el Gobierno dio la opción a los mutualistas de pasarse a la Seguridad Social. «La mayoría no lo hicimos porque perdíamos lo que llevábamos invertido; en mi caso, todo lo que había pagado desde 1991», detalla Pepa Méndez.

En 2027 lo tendrán que hacer de manera obligatoria. «A partir de ese año será obligatorio el alta en el RETA, así que la Mutualidad seguirá descapitalizándose, pero los que llevamos años en ella queremos pasar al nuevo sistema sin perder lo que hemos invertido».

Por eso, frente a la propuesta presentada por el PSOE en el Congreso para resolver este conflicto, computar un año en la Mutualidad por 0,77 en la Seguridad Social, reclaman una pasarela RETA que reconozca como cotizados todos los periodos en los que los profesionales estuvieron obligados a estar en mutualidades y la inclusión de los que ya son pensionistas, con cuantías que no alcanzan el mínimo establecido por la Seguridad Social, en el proceso de integración.

Procuradores y abogados extremeños afectados han participado en la última protesta nacional que ha tenido lugar en Madrid. Los manifestantes dirigieron sus exigencias al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios, insistiendo en que no buscan privilegios ni limosnas, sino justicia e igualdad. «Con los derechos no se negocia, los derechos no se compran: al RETA vamos todos», corearon durante la marcha.

«Después de una vida trabajando y cotizando no puede ser que a la hora de jubilarnos nos convirtamos en ciudadanos de segunda», expone Pepa Méndez. «En el trasvase de la Mutualidad a la Seguridad Social exigimos, frente a la propuesta del Gobierno, lo que llamamos 1x1, que cada año aportado al primer sistema cotice en el segundo».

Los profesionales del Derecho creen justa su reclamación si se tiene en cuenta, además, que «hemos sido obligados por la administración a prestar un servicio prácticamente gratuito, como es el turno de oficio, a los ciudadanos». Un servicio, indica Pepa Méndez, «por el que lo que se nos paga no nos cubre ni siquiera los gastos y, sin embargo, nos practican la correspondiente retención, teniendo todos los profesiones que poner a disposición de la administración para llevar a cabo estos asuntos encomendados tanto medios informáticos, como vehículos para desplazamiento y seguro de responsabilidad civil».

Según detalla, «un procurador cobra 30 euros aproximadamente por un asunto llevado en el turno de oficio». Una cuantía que no abona un trabajo «que plasma una relación laboral con la administración». Por eso, en sus peticiones al Gobierno para el pase de la Mutualidad a la Seguridad Social, los procuradores y los abogados reclaman que los años dedicados al turno de oficio «se computen a efecto de relación laboral, porque es un trabajo que se nos impone, como años cotizados en la Seguridad Social; la administración de justicia nos debería haber dado de alta en este sistema para poder realizar el trabajo del turno de oficio».

Un argumento más, concluye Pepa Méndez, para exigir el 1x1 y rechazar que un año en la Mutualidad se convalide por 0,77 en la Seguridad Social como se pretende. «Porque ni nos han dado de alta por el turno de oficio ni hemos tenido derecho a ninguna prestación de la Seguridad Social. Yo llevo 34 años trabajando y cotizando, y por con el trasvase que plantea el Gobierno me salen 26 años. Insistimos en que esto es injusto, exigimos una pasarela al RETA sin recortes y sin discriminación».