70.000 litros de aceite lampante inmovilizado esperan la decisión de un juez

La diosa romana de los manjares y de los placeres de la mesa. Edesia. Ese nombre le puso la Guardia Civil, a través de su servicio del Seprona, a la operación desarrollada en Extremadura y en Andalucía por la que quitó del mercado 70.000 litros de aceite.

Todo comenzó en marzo del pasado 2023. Tras una alerta sanitaria se detectó que se vendía mezclas de aceite vegetal (semillas oleaginosas) con aceites de oliva refinado (orujo de oliva), esto es, aceite lampante, haciéndolas pasar como oliva virgen extra. El lampante no está permitido para consumo humano y es de muy mala calidad.

El gancho de un aceite que sobre el papel se anunciaba como extraordinario –virgen extra– a un precio más que económico hizo que decenas de consumidores adquirieran unas garrafas, de 5 litros, fraudulentas.

Un año después, la investigación ha terminado y está en juzgado de Alcalá de Guadaíra, aunque inicialmente la asumió el juzgado de instrucción número 2 de Zafra.

Dos distribuidores extremeños, uno de Aceuchal y otro de Salvatierra de los Barros, están imputados por este caso, al que se suman otras siete personas radicadas en Andalucía. A los investigados se les considera por la Guardia Civil como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, relativa al mercado y consumidores, y contra la salud pública.

Según ha podido conocer HOY, la Junta de Extremadura ha solicitado al juzgado sevillano que permita la destrucción si no total al menos parcial del aceite decomisado hace un año.

El juzgado de Zafra asumió al principio el proceso judicial porque allí presentó la Administración extremeña la denuncia ante la Guardia Civil a raíz de una declaración de alerta emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La alerta decía que empresas dedicadas al envasado y distribución de aceites, estarían presuntamente comercializando de manera irregular aceite de oliva con deficiencias e irregularidades en su etiquetado, careciendo de registro sanitario, y por tanto fuera de control oficial en su trazabilidad en Extremadura.

En una nave de Zafra se almacenaba gran parte de los miles de litros de aceite retirados del mercado cuando se detectó que había fraude en el etiquetado. No solo eso. Cuando se realizaron las primeras muestras de aceite decomisado se confirmó que no era de oliva virgen extra sino lampante.

De la localidad segedena procedía el primer lote de garrafas de aceites que se distribuyeron en Salvatierra y en otros pueblos del entorno sobre los que la Dirección General de Salud Pública de Extremadura realizó los primeros análisis sanitarios.

En torno a 50.000 de los 70.000 litros bajo la lupa formaban parte de una partida que había sido vendida a un distribuidor en Extremadura y que fue inmovilizada antes de ponerse a la venta. No llegó al consumidor. Estaba en un almacén del polígono industrial de Zafra.

Otros 20.000 litros sí. Fueron distribuidos por tiendas a las que venden los comerciales investigados, aunque buena parte del producto pudo ser devuelta a los distribuidores por las tiendas en las que estaba a la venta.

 

El consumo de este aceite fue reducido porque la alerta alimentaria fue rápida. Aceite que no se envasó en Extremadura sino en Andalucía aunque se distribuyó en nuestra región. Fue retirado del mercado al poco de darse el aviso.

Fruterías, tiendas de barrio, gasolineras y mercadillos, sin ser conscientes del problema señalaron a HOY fuentes de la investigación en Extremadura, distribuyeron un producto que levantó la sospecha por sabor y aspecto. La judicialización del caso en Extremadura se produjo en los primeros días de abril del año pasado.

Cumplido ya un año desde entonces, el Gobierno regional considera que el juzgado puede autorizar que se destruya gran parte del aceite que es lampante.

Se entiende desde la Junta que no se puedan eliminar, con autorización judicial, todas las garrafas decomisadas porque queda por dilucidar las responsabilidades penales pero considera que sí se puede permitir en una gran parte. Se pueden tomar muestras para tenerlas a disposición del juez cuando se celebre el juicio.

De esta manera particulares y pequeños comerciantes pueden deshacerse de un aceite que en todo caso no se puede consumir.