El acuerdo en Castilla y León al que miran para cerrar el futuro gobierno extremeño

Si la candidata del PP a la Junta, María Guardiola, quiere ser presidenta de Extremadura tendrá que llegar a un acuerdo con Vox, algo que ya ocurrió en la región castellano y leonesa tras las elecciones autonómicas en 2022, adelantadas por el PP tras romper su gobierno con Ciudadanos.

Además del reparto de cargos, tendrán que ponerse de acuerdo en acciones concretas que previsiblemente seguirán la tendencia de lo ya firmado en ese territorio, el primero con un gobierno de coalición PP-Vox. El documento, que lleva por título 'Acuerdo de legislatura', se divide en un apartado en el que alude a los ejes de gobierno con 11 puntos y otro en el que se detallan 32 acciones.

Además, hay un párrafo introductorio que dice literalmente que «los representantes electos del Partido Popular y Vox, conscientes de las diferencias entre las dos formaciones, pero responsables ante el mandato de los ciudadanos de Castilla y León, presentan este acuerdo de legislatura, para conformar un programa estable de gobierno».

En él se especifica que la vicepresidencia recaerá en Vox y que siete de las diez consejerías en el PP. Hay que recordar que la formación de Santiago Abascal está al frente de tres carteras en Castilla y León: Agricultura y Ganadería; Cultura, Turismo y Deportes; e Industria, Comercio y Empleo. También ostenta la presidencia de las Cortes de Castilla y León y una secretaría tercera. El PP fue la lista más votada con 31 escaños y Vox logró 13 de los 81 que forman las Cortes regionales. En Extremadura, el PP tiene 28 diputados y Vox, 5 de los 65 que forman la Asamblea.

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El apartado en el que se detallan los ejes de Gobierno está cargado de generalidades, pero hay aspectos en los que se observan claramente las ideas defendidas por Vox. Entre ellas, destaca, tal y como especifica el documento, «reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles», así como la reducción de impuestos autonómicos, algo también defendido por el PP, o disminuir «el gasto institucional superfluo y supresión del gasto público e ineficaz».

Donde sí se observan aspectos más concretos y también más polémicos es en el aparatado de acciones. En él indican que aprobarán «una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar». En ningún momento hacen referencia a la violencia machista o de género. Además, escriben que impulsarán «una política de apoyo a las familias», pues lo consideran «la institución básica de la sociedad». Y eso pasa por apoyar la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales.

En cuanto a la educación, en el escrito defienden un modelo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, y «libre de adoctrinamiento ideológico». También abogan por «la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos», que se traduce en una clara alusión a la defensa de la escuela concertada y privada, además de exigir una EBAU única en todo el país.

Respecto a la vivienda, también plasman en el documento otras de las medidas estrella que Vox ha defendido en sus actos públicos. «Defenderemos la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho», se puede leer en el documento de acuerdo de gobierno, en el que también hacen referencia a que promoverán «una inmigración ordenada, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales».

Mención especial merece el punto de ese acuerdo que alude a los proyectos mineros, por la extrapolación de lo que puede suceder en Extremadura, con proyectos a la vista en ciudades como Cáceres. En el acuerdo entre PP-Vox en Castilla y León lo dejan claro. «Apoyaremos, en el marco de la normativa reguladora, las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería», escriben.

Sobre la sanidad, simplemente dedican un punto lleno de generalidades que pasa por que «garantizarán la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en atención primaria».

En cuanto a la cultura, no nombran los toros, pero aseguran que protegerán «nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y la riqueza del español».

También hacen hincapié en su apoyo a la ganadería y a la agricultura priorizando los productos generados en la propia comunidad y no los extracomunitarios, además de abogar por el aumento de las superficies de regadío, resaltar la necesidad de poner en marcha medidas contra la despoblación e instar al Gobierno de España a la aprobación de planes hidrológicos.

El pacto entre PP y Vox en Extremadura si fuera similar al de Castilla y León distaría de algunas de las líneas ideológicas defendidas por María Guardiola antes, durante y después de la campaña electoral. Ella ha preferido no llamarlas líneas rojas, pero ha dejado claro que no va a permitir que se cuestionen algunos asuntos. Uno de ellos es la violencia de género. «Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra es el colectivo LGTBI y mi gobierno no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. Sobre el aborto, en los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro. Y no podemos criminalizar la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella», dijo Guardiola en una entrevista.