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La dejadez de algunos ciudadanos está haciendo perder dinero a abogados del turno de oficio que realizan su trabajo y, sin ser su culpa, no ... lo cobran. Es lo que denuncia la letrada Ana Teresa Ponce, presidenta del Turno de Oficio del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz (Icaba). Según explica, la solicitud de justicia gratuita es un proceso que va paralelo a la asignación de un abogado de oficio. Son dos derechos que tiene el ciudadano, pero en el primero se debe acreditar ser merecedor de él, lo que no quita que el proceso judicial se inicie y el abogado empiece a trabajar, bien en la defensa o iniciando un procedimiento.
Lo que ocurre, critica esta abogada almendralejense, es que la persona no cumplimenta después los trámites de la justicia gratuita, lo que automáticamente archiva el caso y hace dos años el Ministerio de Justicia decidió que los asuntos archivados no los abona. Esto ha generado indignación e indefensión de muchos letrados del turno de oficio que sienten que trabajan en balde. Y es que podrían solicitar del justiciable (ciudadano) el abono de ese turno, pero lo habitual es que esa persona o no tenga dinero o ni siquiera se le pueda localizar para comunicarle que tiene una deuda.
Según explica el decano del colegio Oficial de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, la cantidad que se adeuda por parte del Ministerio de Justicia asciende a 342.074 euros correspondientes al periodo que va entre marzo de 2020 y febrero de 2021.
«La documentación que se requiere –prosigue Ana Teresa Ponce– es poca y los trámites son muy sencillos. Basta adjuntar DNI, certificado de empadronamiento, libro de familia y poco más porque a la información de ingresos o de vida laboral se puede acceder telemáticamente desde el Colegio si la persona da su consentimiento en el anexo que rellena. El problema es que muchos ni lo rellenan ni acuden al Colegio y como no tenemos información de ellos pues no podemos localizarlos para que cumplimenten el expediente que les da derecho a la justicia gratuita. Al final el problema lo tenemos los abogados, no los justiciables».
Ildefonso Seller | Presidente del Colegio Oficial de Abogados de Badajoz
Hay que tener en cuenta que la actuación penal suele ser inmediata y da lugar a juicios rápidos antes de que se inicie el expediente de justicia gratuita. Y también que esta casuística afecta de lleno al ejercicio de la abogacía. No se trata de casos anecdóticos o cifras residuales.
En Extremadura hay 1.786 abogados adscritos al turno de oficio (1.132 en Badajoz y 654 en Cáceres), según el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita. Este documento indica además que se vieron 15.261 asuntos de turno de oficio en 2019. La mayoría fueron penales, el 47%, por un 36 % de civiles, 2% de contenciosos-administrativos, un 4% sociales y un 10 % bajo el epígrafe 'otros'. Si bien al analizar la deuda del Ministerio con los letrados pacenses se observa que esta se centra sobre todo a la jurisdicción penal con un importe de 301.967,33 (88,28%) del total.
Por otro lado, la petición de justicia gratuita es algo habitual, con 23 solicitudes al día solo en la provincia pacense, indica Ildefonso Seller, que habla de 7.710 expedientes tramitados en este ámbito el año pasado.
Extremadura es una de las cinco comunidades, además de Ceuta y Melilla, donde las competencias no están transferidas y por tanto dependen del Estado. Según Ponce, la última noticia que han tenido del Ministerio de Justicia es que comenzarán a pagar estos procesos no cobrados por archivo desde el último trimestre de 2019, pero el periodo no abonado es de casi un año.
Como medida de presión ante los impagos que sufren, el 22 de febrero el Colegio pacense decidió cerrar dos días a la semana el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de Badajoz, un día en Mérida y otro de Villanueva de la Serena. «Aunque no dejamos desatendidos a menores ni a víctimas de violencia sabemos que esto perjudica a algunas personas, pero es la única manera que tenemos de llamar la atención», indica la letrada.
La relacionada con la no cumplimentación del trámite de justicia gratuita no es la única demanda que tienen los letrados del turno de oficio. Lo que se cobra por este servicio se denomina indemnización y las precarias condiciones económicas en que se prestaban ya fueron objeto de protestas en 2018 y 2019 en Cáceres y Badajoz, ya que los letrados consideraban que los ingresos eran muy bajos. Además, el Ministerio de Justicia los abonaba con retraso. Entonces cobraban entre 130 y 300 euros aproximadamente según la complejidad del caso.
Según el decano, Ildefonso Seller, el último mes que han cobrado ha sido octubre, por lo que se les adeudan cuatro meses a los letrados. «El problema es que la Justicia para los políticos no es prioritaria. Se trata de un servicio esencial, pero ninguno de los gobiernos le hacen el caso que merece, en mi opinión porque no luce como una obra de una autovía, pese a ser la que se encarga de proteger nuestros derechos. Es una lástima que por parte de nuestros políticos la Justicia esté tan denostada», sentencia Seller.
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