Los agentes se coordinan en la región para limitar la movilidad

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha comparecido al filo de las dos de la tarde para explicar que en la región se acaba de constituir un Centro de Coordinación Operativo Policial para limitar al máximo la movilidad de personas. No ha ofrecido datos sobre cuántas sanciones se han impuesto en Extremadura, ya que ha señalado que en las primeras horas solo se ha pretendido informar y no sancionar directamente, salvo en casos de incumplimiento flagrante de lo recogido en el Real Decreto sobre el estado de alarma y en desacatos a la autoridad, aunque no tiene cifras concretas sobre este tipo de episodios. García ha explicado que en la región hay ahora mismo 2.700 guardias civiles, 1.500 policías locales y 650 policías nacionales «trabajando todos de forma prioritaria en la restricción de movimientos». Incluso se ha cerrado la escuela de tráfico de la Guardia Civil para que estos agentes ayuden en la tarea a sus compañeros, ha dicho.

Este centro de coordinación recién creado lo integran los máximos responsables de Policía Nacional y Guardia Civil en Extremadura, los jefes de las policías locales de la región, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), la consejera de Agricultura, Desarrollo rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, el subdelegado del Gobierno en Cáceres y los secretarios generales de la Delegación del Gobierno.

Sobre la movilidad restringida ha comentado que no hace falta llevar un salvoconducto para desplazarse al trabajo, así que apela al sentido común y la prudencia a la hora de salir para atender necesidades básicas. Sobre las restricciones en la frontera con Portugal la delegada del Gobierno ha dicho que se puede cambiar de país por motivos profesionales y en el caso de transporte de mercancías. Sin embargo, recordó que está teniendo lugar una reunión entre ministros de Interior para abordar esta cuestión. García explicó que «el escenario es continuamente cambiante», por eso pidió a la gente que se informe por canales oficiales.

En general, García ha lanzado el mismo mensaje que ha trasladado a los ciudadanos el Gobierno, recordando además que quedan paralizados los plazos administrativos. Por otro lado, ha comentado además que en Extremadura las autoridades no se han incautado de material sanitario en manos privadas «porque no ha sido necesario», pero sí ha habido ofrecimientos de empresas de poner sus recursos a disposición de la sanidad pública, sin especificar cuáles o por qué vía deben hacerse estos ofrecimientos. En cuanto a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la delegada ha dicho en su comparecencia por vía telemática que «no ha sido requerida ni es necesaria en Extremadura».