El alcalde y el exalcalde de Casas del Monte, del PP, declaran que no prevaricaron

Junto al alcalde y al exalcalde, también había otras tres personas acusadas: la concejala del PP Teresa Majada; un exconcejal y el alguacil. Se les acusa de haber cometido un delito de prevaricación al haberse empeñado en que el Ayuntamiento se gastara 202.600 euros en la compra de un terreno con nave industrial, cuando tanto el secretario interventor del Ayuntamiento como un técnico de la Diputación les indicaron que no podían hacerlo debido a las irregularidades que había.

Los acusados aseguraron que no cometieron delito alguno, y que si querían que el Ayuntamiento realizara ese gasto era para hacer en el terreno viviendas sociales (que ya estaban apalabradas con la Junta de Extremadura), un velatorio y un pabellón deportivo.

Según se indicó durante el juicio, en septiembre de 2015 el entonces alcalde Juan José Bueno, suscribió en nombre del Ayuntamiento, un contrato privado de compraventa de una finca que se encuentra en el paraje 'La Dehesa'. La finca tiene dos referencias catastrales, ya que una parte del solar ocupa 815 metros cuadrados de suelo urbano con una nave de 492 metros cuadrados, y otra parte son 834 metros cuadrados de suelo rústico. La propiedad y el alcalde fueron a un notario, en donde les indicaron que la compra tenía que tener el visto bueno de un pleno municipal.

En 2018 se inició el expediente administrativo para dar cauce legal a la compra. El 23 de marzo hubo un pleno en el que, según indicó la fiscal, no se dejó informar al secretario interventor. Se decidió iniciar los trámites administrativos para la compra de los terrenos, con el voto del alcalde y tres concejales acusados.

El 12 de septiembre de 2018 se reunió la mesa de contratación en donde se puso al alguacil, que ayer declaró que no entendía que hacía él ahí. Aprobaron la adquisición a pesar del voto desfavorable del secretario y de un técnico de la Diputación, ya que había irregularidades como la falta de la inscripción en el registro de la propiedad, o la licencia de obras de la nave.

La Fiscalía pidió para cada acusado 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y la acusación particular (que representa a la propietaria del terreno) 12 años de inhabilitación, que afectaría al actual alcalde Pedro Gómez y a la edil Teresa Majada. El abogado defensor solicitó la absolución. La propiedad pide que se le pague los cinco años que el terreno estuvo en manos del Ayuntamiento, esperando la venta que al final no se ha materializado.