25 años esperando al Personero del Común

«Ya es hora de que se ponga en marcha», declaró el pasado jueves Irene de Miguel, la líder regional de la formación de izquierda, que recordó la necesidad de «cumplir con el Estatuto» y también que es «una reivindicación histórica del pueblo placentino».

El Estatuto le dedica al asunto un párrafo. Dice así: «Por ley de la Asamblea que regulará su régimen jurídico, se creará con sede en la ciudad de Plasencia el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones, respecto de las instituciones autonómicas y locales, similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución. El Personero del Común deberá ser elegido por tres quintas partes de los miembros de la Asamblea de Extremadura».

Esta última condición pretende dotar al órgano de mayor independencia y reducir la injerencia política. Pero es la política la que ha frustrado su creación y va a volver a hacerlo. «El grupo parlamentario popular mantiene la postura que ya manifestó en el año 2020», explica José Ángel Sánchez Juliá, que enumera cuatro razones para oponerse a la creación de este órgano público.

«En primer lugar –concreta el portavoz parlamentario popular–, porque antes hay que abordar cuestiones con una mayor demanda social. En segundo, porque se produciría una duplicación de funciones, ya que las funciones del Personero del Común ya las cumple el Defensor del Pueblo a nivel nacional, y además está la comisión de peticiones del Parlamento, a la que cualquier ciudadano puede dirigirse. En tercer lugar, creemos que la propuesta es partidista, porque la ha presentado sin hablar con ningún otro grupo, cuando el hecho de ser una figura estatutaria implica precisamente que no debe ser partidista. Y por último, no entendemos que se registre la propuesta justo tras aprobar los presupuestos regionales, a los que Unidas Podemos ni siquiera presentó una enmienda solicitando que dotáramos económicamente al Personero».

Parece claro, pues, que el PP se opondrá a crear esta oficina, que tampoco ve clara el PSOE. «No es necesaria ahora, no parece muy razonable dedicar en este momento fondos para una función que ya ejerce el Defensor del Pueblo, que recibe de Extremadura unas 550 quejas al año, un 1% del total», argumenta Andrés Moriano, miembro de la comisión de Administración Pública en la Asamblea. «No obstante –matiza el diputado socialista–, no nos oponemos a él porque sí ni lo despreciamos. Es una institución que está en nuestro Estatuto, aunque antes de crearlo hay que poner sobre la mesa sus costes y dotaciones».

Tampoco lo quiere Vox, por considerarla «perfectamente prescindible», en palabas de Óscar Fernández. Su creación, añade el portavoz parlamentario, implicaría «un gasto público no prioritario».

Unas declaraciones que contrastan con el punto octavo del pacto de gobierno que PP y Vox tienen en Murcia. Hay que recordar que uno de los principios de la formación que lidera Santiago Abascal es que defiende lo mismo en cualquier rincón de España. En ese pacto de gobierno, los dos partidos se comprometen «a impulsar una reforma legislativa para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de 'Defensor del Pueblo de la Región de Murcia', y a designar al candidato propuesto por la dirección de Vox».

El pasado noviembre, la Asamblea murciana creó la ponencia que se encargará de estudiar los cambios legales necesarios para cumplir este punto del acuerdo. Según José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia –y exjugador del Cáceres Club Baloncesto–, la idea es reunir en un solo órgano las competencias del Consejo de la Transparencia y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, según informó el pasado diciembre el diario La Verdad, de Vocento. Añadía Antelo que el órgano que se cree no se llamará Defensor del Pueblo, si bien una de sus funciones claves será «llevar las quejas de la ciudadanía al Consejo de Gobierno».

De llevarse a efecto esta medida, supondrá la resurrección de ese órgano en Murcia, donde ya existió pero se suprimió en 2013, el año en el que se aprobó la ley de racionalización del gasto público. En ese mismo ejercicio también bajaron la persiana los defensores de La Rioja, Asturias y Castilla La Mancha. En diciembre de ese año, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas dio su receta para adelgazar la administración española, y uno de los consejos fue eliminar todos los defensores del pueblo autonómicos.

Hoy son nueve las comunidades que lo mantienen: Andalucía, Galicia (su nombre es Valedor do Pobo), Aragón (el Justicia), Canarias (Diputado del Común), Navarra, Castilla y León (Procurador del Común), País Vasco (Ararteko), Cataluña y Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges en los dos casos).

¿Y a todo esto, qué dice Plasencia? «Cualquier servicio es bienvenido, y en este caso, además, se trata de cumplir el Estatuto de Extremadura», valora el Ayuntamiento del popular Fernando Pizarro. Su antecesora en el cargo, la socialista Elia María Blanco, pidió por escrito a la Junta la creación del Personero del Común, y propuso que se ubicara en la Casa del Deán, en la plaza de la Catedral. El actual Consistorio explica que no descarta esa ubicación pero que maneja otra posible: la segunda planta de la antigua comisaría de la Policía Nacional, junto a la Plaza Mayor, en el inmueble cuya primera altura ocupa el archivo municipal.