La Asamblea de Extremadura tiene seis semanas para aprobar cuatro leyes

Esas cuatro leyes se encuentran en distintas fases de tramitación. La mayoría absoluta del PSOE garantiza que se puedan aprobar, aunque en algún caso ha sido necesario recurrir a la vía de urgencia para acortar plazos.

Para que una ley se pueda tramitar es necesario primero celebrar el llamado debate de toma en consideración o de totalidad, en el que se presenta la norma y se vota, en caso de que se haya presentado, una o varias enmiendas de totalidad, que son las que rechazan la iniciativa en su conjunto. A continuación, el texto pasa a la comisión correspondiente, donde se celebra la comparecencia de expertos a propuesta de los grupos parlamentarios para recabar opiniones sobre el documento. Después se presentan y debaten las enmiendas parciales, primero en comisión y en segundo lugar en sesión plenaria, donde tiene lugar la votación final con los posibles cambios que se hayan incorporado. Todos estos pasos tienen sus correspondientes plazos.

La norma que está más encauzada es el proyecto de ley de gestión y ciclo urbano del agua, que fue registrado en la Asamblea a comienzos de noviembre. Ya se encuentra en la fase final de tramitación, una vez superado en comisión el debate de las 91 enmiendas presentadas. Se someterá a la aprobación del Parlamento regional en el pleno de la próxima semana.

También está avanzada la norma para la declaración de 55 zonas de especial protección para las aves, que además recoge cambios sobre el complejo turístico de Valdecañas. No se trata de un proyecto de ley, que son los textos que elabora y presenta el Gobierno regional, sino de una propuesta de ley, que son iniciativas legislativas de los grupos parlamentario, en este caso el socialista. Con eso se eliminan todos los requisitos previos sobre exposición al público y recopilación de informes y dictámenes, pero al llegar a la Asamblea el proceso es el mismo. Ya se han celebrado las comparecencias en comisión y el plazo de presentación de enmiendas parciales concluyó el jueves 16.

El proyecto de Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional, que entre otras cuestiones propone elevar de aquí al 2030 la ayuda internacional al 0,7% del presupuesto propio de la Junta, ha superado el primer trámite, el debate de totalidad (en este caso solo fue la toma en consideración porque no había ninguna enmienda), y este viernes se celebraron las últimas comparecencias. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales, para lo que hay de plazo hasta el próximo 6 de marzo.

Por último, con el calendario más ajustado está la norma que quizá genere más polémica, la modificación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 2019, que precisamente también se aprobó en el tramo final de la legislatura anterior. En aquella ocasión, un PSOE en minoría consiguió el apoyo de Podemos para que saliera adelante, pero con la condición de que se creara un impuesto a viviendas vacías. El compromiso era que esa nueva figura fiscal estuviera en noviembre de 2020, pero su aprobación se ha aplazado. El texto también incluye un fondo de garantía para avalar a personas que quieran comprar una vivienda y un mecanismo de protección de menores en casos de desahucio.

La Junta inició la tramitación del anteproyecto de ley a mediados del pasado año. Sin embargo, uno de los requisitos más importantes, el dictamen del Consejo de Estado, no llegó hasta comienzos de febrero. De ahí que no se registrara en la Asamblea, y tras un Consejo de Gobierno extraordinario, hasta el pasado día 6. El primer debate se celebrará en el pleno del próximo jueves. También será solo de toma en consideración porque no hay enmiendas de totalidad.

Todas estas leyes deberán ser aprobadas antes del 4 de abril, cuando se prevé que tenga lugar la convocatoria de elecciones. En ese momento ya habrá empezado la Semana Santa, una época de vacaciones en la que no hay actividad parlamentaria.

Para la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, el calendario que resta permite aprobar sin problemas las leyes en tramitación cumpliendo todos los trámites legales y acusa al resto de grupos de «no querer trabajar». En su opinión, «lo extraordinario es que en el mes de enero la oposición ya quiere hacer campaña».

Garlito asegura que su grupo trabaja junto con el Gobierno regional «con el mismo ahínco que desde 2019» y que pretende aprovechar «hasta el último día» en la Asamblea para sacar adelante leyes que considera de gran importancia y en las que se lleva meses trabajando.

Sin embargo, Cristina Teniente, portavoz del Grupo Popular, habla de «atasco legislativo» y señala que el PP ha mostrado sus quejas por la forma en que se tramitan estas leyes, que además tienen gran calado e incluyen cuestiones polémicas. En su opinión, el PSOE abusa de su mayoría absoluta.

Para Teniente, el esfuerzo por crear nuevas normas debe hacerse al inicio de la legislatura, no al final. Sin embargo, señala que el Ejecutivo regional ha gobernado «a golpe de decreto» y no ha llegado a cumplir algunos de los compromisos anunciados en la investidura.

Fernando Baselga, nuevo portavoz de Ciudadanos, coincide en señalar que la tramitación de tantas leyes en el tramo final de la legislatura resulta excesivo. «Los diputados estamos con el agua al cuello, sobre todo los partidos pequeños», afirma.

Baselga lamenta que el Gobierno regional ha tenido cuatro años para proponer leyes y sin embargo deja para última hora normas que tienen un marcado cariz político, como la que crea el impuesto a viviendas vacías, y otras que arrastran dudas legales, como la que pretende legalizar de nuevo el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas.

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, apunta que se van a tramitar «casi de tapadillo» normas que considera muy importantes, con plazos reducidos y sin tiempo para que los comparecientes puedan estudiar los textos. «Hacer leyes de calado de esta manera es un error», afirma.

A su juicio, esta forma de tramitar textos legales es también fruto de la mayoría absoluta del PSOE, que ha decidido imponer más carga de trabajo en la Asamblea de Extremadura al mismo tiempo que se multiplican los compromisos propios de la precampaña electoral.